Alfredo Ramírez
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debe explicar de dónde sacó que el sargento José cometió una ejecución extrajudicial la noche del 3 de mayo de 2017 en Palmarito Tochapan cuando se registró un enfrentamiento entre fuerzas armadas y presuntos ladrones de combustible, indicó Alejandro Martín, principal defensor del militar.
Luego de que el agente de la Sedena quedara en libertad este miércoles por falta de pruebas en su contra, el presidente de la Fundación SOS consideró que el organismo que encabeza Luis Raúl González debe aclarar la veracidad de sus indagaciones.
Y es que el 19 de septiembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que no fue una sino dos ejecuciones las que se registraron esa noche en el municipio de Quecholac por parte de militares, además que sembraron armas, entre otras observaciones.
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“No sé en qué se basó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yo le hablado mucho con el presidente de la comisión para que amplíen su protección hacia los ciudadanos militares, marinos y policías porque la comisión nada más ve la afectación que tienen civiles con respecto a fuerzas del gobierno y es injusto, ¿entonces quién defiende a esta gente en plan de sus derechos humanos”, cuestionó.
El empresario Martí fue el primero en creer en la inocencia del sargento y financió su defensa además que en diversas entrevistas en medios nacionales exigió también investigar a supuestos huachicoleros que asesinaron ese 3 de mayo a 4 militares.
El sargento José regresó a laborar a la Sedena tras conocer a su hijo que nació hace ocho meses cuando él se encontraba preso en una cárcel militar.
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