En claros actos anticipados de campaña, la presidenta de Puebla capital con licencia, Claudia Rivera Vivanco, está promoviendo su imagen rumbo a la reelección en el cargo a través de reuniones con empresarios y comerciantes, a los que ha acudido incluso acompañada por funcionarios municipales.

Los propios trabajadores del Ayuntamiento de Puebla han denunciado que son presionados para difundir su imagen a través de mensajes de WhatsApp.

Oficialmente la campaña por las 217 alcaldías y diputaciones locales en Puebla empiezan el 4 de mayo y concluyen el 2 de junio, cuatro días antes de las votaciones que es el 6 de junio. 

Pide apoyo a empresarios que ella no ha apoyado

Violando la Ley Electoral, la candidata de Juntos Hacemos Historia –Morena y PT-  se reunió este sábado en el restaurante Obvion con un grupo de empresarios de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Sección Ciudad de Puebla (AMPI).

Fuentes extraoficiales dan cuenta que la morenista les pidió apoyo en este encuentro para su segunda campaña, prometiendo que ahora sí los tomará en cuenta en el Ayuntamiento de Puebla, evento que fue organizado por Marcela Rodríguez Pereira.

Entre otros colaboradores, la acompañó el exsecretario de Movilidad, Eduardo Covián Carrizales.

Lee: Con funcionarios y autos oficiales, Claudia Rivera anticipa campaña en la Central de Abasto

Ocupa a funcionarios en horario laboral

MTPNoticias dio cuenta el 8 de abril pasado que Rivera Vivanco también ocupa a los funcionarios del gobierno de la capital en horario laboral como a Catalina Pérez Orozco, actual secretaria de Gobernación, quien acudió con ella a un encuentro con vendedores de la Central de Abasto, un día después de que ella solicitara licencia.

En este encuentro, Rivera Vivanco también pidió apoyo para lograr seguir tres años más en el cargo, pero recibió el reclamo de algunos locatarios quienes le echaron en cara que los ha tenido olvidados, además que acudió en un horario en el que muchos ya se habían ido.

Las presiones para promover a Claudia

Vía mensajes de WhatsApp, trabajadores del Ayuntamiento de Puebla son presionados para que difundan y promuevan mensajes a favor de la candidata de Morena.

A través de la aplicación se exige a los servidores públicos que difundan el contenido de un perfil de Facebook con el nombre de Mariana Montero en el cual se puede ver la fotografía un supuesto medio de comunicación impreso con la leyenda: “Supera Rivera Vivanco a sus antecesores al eliminar la deuda pública”.

A través del mismo número se exige a los trabajadores evidencia de la difusión: “Por favor pido su apoyo para su difusión. Manden la evidencia”, se lee en los mensajes de WhatsApp.

Los mensajes son enviados lo mismo a trabajadores de confianza que a sindicalizados del Ayuntamiento de Puebla, lo mismo oficinistas que trabajadoras de barrido manual mejor conocidas como naranjitas.

La ley prevé sanciones por actos anticipados de campaña

Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quienes pueden ser infraccionados por realizar actos anticipados, entre otros, son los candidatos y candidatas postulados por los partidos políticos

Para que se acrediten estos actos, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1) el personal, que la conducta sea cometida por partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos; 2) temporal, que se den antes del inicio formal de las campañas; y 3) el subjetivo, que la finalidad del mensaje esté relacionado con el llamado expreso al voto en contra o a favor de una candidatura o partido, o la solicitud de cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral.

Recomendamos: PAN interpone denuncia contra Rivera Vivanco por campaña anticipada

Las sanciones van desde la amonestación pública y multas, reducción de ministraciones del financiamiento público e interrupción de la transmisión de la propaganda en radio y televisión en el caso de partidos políticos; a los aspirantes, precandidatos o candidatos partidistas se les puede imponer la pérdida del derecho a ser registrado, la cancelación del registro, o con la negativa para registrar al precandidato electo en el     interno partidista; y a los aspirantes a candidatos independientes con la negativa de registro, conforme al artículo 456, párrafo 1, inciso a), c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales.

Por otro lado, la propia Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas castigan el mal uso de recursos públicos.

 

Por Cirilo Calderón / @calderonciro

Foto reunión con empresarios: Diario Cambio