Por ‘presuntas responsabilidades’, la Fiscalía General del Estado y la de la República, deberán investigar a las empresas involucradas en el desplome del helicóptero en el que viajaban los exgobernadores Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle y otras tres personas.
Así lo manifestó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, durante su rueda de prensa, en donde celebró que las autoridades federales hayan dado respuesta a la investigación sobre las causas del accidente del 24 de diciembre de 2018 en Santa María Coronango, Puebla.
“Ese helicóptero era propiedad de la empresa privada, ya que quien pagaba el mantenimiento y esos helicópteros será cuestión que deberá ser investigada, pero la dueña de ese helicóptero es una empresa privada, no el gobierno del estado de Puebla… seguramente si (la FGE debe investigar el caso) y la Fiscalía General de la República lo tendrá que hacer. No tengo claro quién es la autoridad competente”, dijo Barbosa Huerta en su intervención.
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Asimismo, manifestó que estas empresas deberán de ser investigadas por la posible responsabilidad que pudieran tener, pues el helicóptero debió estar en estado óptimo. Sin embargo, las autoridades federales revelaron que en dos semanas la aeronave efectuó 31 viajes a pesar de presentar las fallas mecánicas.
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SAASA es una empresa propiedad de los hermanos Torre Mendoza, quienes desaparecieron de la escena pública tras el accidente, dando de baja incluso su empresa que tenía su ubicación dentro del aeropuerto Hermanos Serdán. Mientras que Rotor Flights se mantiene en operaciones en la ciudad de Toluca.
