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Ayuntamiento de Puebla lleva a la SCJN demanda por autonomía municipal

La confrontación que existe entre el  gobernador  Luis Miguel Barbosa Huerta y la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco por la seguridad en la ciudad de Puebla escaló ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que la alcaldesa interpuso una  controversia constitucional con el fin de impedir la designación de Carla Morales como la nueva encargada de combatir la delincuencia en la capital.

 

Rivera Vivanco recurrió al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para justificar que el gobernador no tiene facultades para remover y nombrar a la titular de la Policía Municipal, luego de que desde hace una semana, el mandatario local adelantó que Carla Morales sería la nueva secretaria de Seguridad Ciudadana, en sustitución de Lourdes Rosales.

 

En el recurso que el Ayuntamiento de Puebla presentó  el viernes 20 de marzo ante la SCJN, también se solicitó la suspensión de todos los actos con intención de tomar por la fuerza las instalaciones de la Policía Municipal, pues trascendió que la media noche de este domingo, el estado asumiría el control de la seguridad en la ciudad.

 

“Hacer lo contrario significaría violar la Constitución federal en su artículo 115 e imponer por la fuerza la decisión de alguno de los 2 órdenes de gobierno”, se lee en el comunicado enviado por el Ayuntamiento de Puebla.

 

Este pleito derivó del hecho de que la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco se negó a nombrar a Carla Morales como la nueva secretaria de Seguridad Ciudad el 18 de marzo pasado, cuando presuntamente ya existía un acuerdo con el gobernador.

 

Lee: Claudia Rivera no va a acatar, pero Carla Morales será secretaria de Seguridad en Puebla: Barbosa (VIDEO)

 

En el escrito enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Rivera Vivanco  solicitó también que este órgano judicial declare inconstitucional el nombramiento de delegados por tratarse de una autoridad intermedia, también prohibida en la Constitución mexicana.

 

Eso, porque tras impedir que Carlas Morales fuera nombrada desde el Cabildo, Barbosa Huerta le advirtió a la presidenta que asumiría el control de la seguridad por la fuerza pública.

 

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