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Auditor Francisco usó empresas fantasma y prestanombres para enriquecerse, acusa Fiscalía de Puebla

Fiscalía investiga a Francisco Romero
Foto: Agencia EsImagen/ Diseño Andrea Esparza

Quien fuera el auditor de Puebla, Francisco Romero, detenido la noche del 25 de febrero, usó empresas fantasma y prestanombres para enriquecerse, acusó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Presuntamente el expresidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), compró y ocultó diversos bienes muebles e inmuebles mientras se dedicaba a auditar cuentas públicas en la entidad.

Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, una investigación que presuntamente deriva de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue vinculado a proceso y el juez que lleva su caso, dictó medida cautelar de prisión preventiva en su contra por lo que permanecerá en el penal de San Miguel mientras ambas partes presentan pruebas.

Francisco Romero fue detenido la noche del 25 de febrero en su casa en La Vista Country Club, un fraccionamiento exclusivo que se ubica en San Andrés Cholula, a pesar de que como parte de medidas cautelares de otra denuncia que existe en su contra por violencia familiar, tenía prohibido estar aquí.

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Según ha informado el propio gobernador Miguel Barbosa, no fue su gobierno el que denunció al auditor por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita sino la UIF que encabezaba Santiago Nieto.

Su aprehensión se dio cuatro días después de que la fiscalía local informara que fue vinculado a proceso teniendo como medidas cautelares abstenerse de molestar a la víctima (pareja sentimental e hijo); separación inmediata del domicilio, firma periódica, así como la suspensión temporal laboral.

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Francisco Romero  fue relevado temporalmente de la auditoría el 16 de febrero pasado, y en su lugar fue nombrado Rubén de la Fuente Vélez, pero ante su encarcelamiento, en el Congreso local ya inició su proceso de destitución en forma definitiva.

De acuerdo con el procedimiento de destitución, una vez que sea notificado, contará con cinco días hábiles para expresar lo que a su derecho convenga respecto a las solicitudes de remoción, ofrecer y exhibir pruebas a su favor.

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Para ello, el auditor podrá designar a las personas que estime conveniente para recibir las notificaciones. En caso de no contestar a la notificación, “se entenderá por precluido su derecho de audiencia”, y se dará paso al desahogo de pruebas para ir por el nombramiento de un nuevo auditor.

Francisco Romero fue designado en el cargo en noviembre de 2019 para un periodo de siete años.

Por @MTPNoticias/ Metropolitano Puebla

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