Alejandro Camacho/ @alecafierro
Gloria Islas, es una persona de la tercera edad y fue víctima de violencia y abuso de autoridad por parte de un supervisor de la concesionaria Agua de Puebla para Todos.
Hace unas semanas, llegó a su domicilio el recibo de cobro por 77 mil pesos.
Al tratar de aclarar la situación porque se trata de una mujer diabética y de la tercera edad, acudió a las oficinas para hacer la aclaración correspondiente, pero no fue atendida por personal de la empresa.
Sin derecho de audiencia, personal de Agua de Puebla, llegó a su domicilio particular ubicado en la 2 Poniente en la junta auxiliar de La Libertad para realizar el corte del suministro del líquido y drenaje por el incumplimiento de pago.
A pesar de que Gloria Islas, argumentó su estado de salud y que hay en trámite una aclaración por el cobro indebido de 77 mil pesos, el supervisor de ejecuciones de la concesionaria, Rodolfo Valero, llevó a cabo el corte del suministro de agua y drenaje sin aceptar una negociación.
Ante ello, se incluyó este caso en los juicios de amparo que promueve la Asamblea del Agua en Puebla para revertir el corte del servicio y proceder legalmente contra la empresa por la violación a los derechos humanos de esta persona de la tercera edad.
10 denuncias en la última semana
En las últimas semanas se acumulan 10 denuncias por cobro exagerados por el suministro de agua en al menos 8 colonias de la capital en donde de igual manera las cantidades superan por mucho lo que se consume.
En algunos casos, a pesar de ser fuertes sumas de dinero, algunas de las colonias carecen del servicio de agua de manera regular, es decir, que solo reciben tandeos de una vez por semana.
La acción que buscan concretar los ciudadanos agrupados en este grupo es organizarse en cuadrillas para impedir cortes de agua que está realizando la empresa de manera ilegal.
Apenas el 1 de octubre, el presidente de la mesa directiva, José Juan Espinosa Torres propuso reformar el artículo 12 de la Constitución Política del estado de Puebla con el fin de que sean los ayuntamientos los que presten el servicio y no un particular.
El fin es conseguir echar abajo la concesión que la pasada legislatura autorizó a Agua de Puebla para Todos, aunque eso representaría una indemnización por más de tres mil millones de pesos.
