Alejandro Camacho Fierro
El secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano confirmó que suman tres los alcaldes investigados por su presunta relación o encubrimiento al crimen organizado.
El primero fue el alcalde de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez y ahora por los últimos acontecimientos de inseguridad el de Amozoc de Mota, José Cruz Sánchez y ahora el de Juan Navarro de Ciudad Serdán, que por cierto se separó del cargo para buscar una diputación federal por el PRI.
En conferencia de prensa, destacó que en los tres casos se mantienen las carpetas de investigación abiertas para determinar si tiene alguna relación o no con las irregularidades encontradas durante su gestión como policías apócrifos, encubrimiento de grupos criminales y hasta su relación con ejecuciones.
El secretario General de Gobierno, dio a conocer un balance sobre las acciones realizadas este día para que se tomara el mando de la seguridad pública en Ciudad Serdán por decreto del Gobierno del Estado.
Detalló que tras realizarse un operativo en ese municipio se encuentran 36 policías retenidos, Ignacio “N” Supervisor de Seguridad Pública fue aprehendido por cargo apócrifo y portación de arma de fuego sin licencia.
La intención, es realizar las investigaciones correspondientes para determinar si los policías habrían presentado legalmente sus exámenes de control de confianza y si hay alguna relación de ellos con criminales que operan en la zona.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Jesús Morales Rodríguez destacó que el tomar el mando de la seguridad fue por un incremento en la inseguridad en la zona, pues en este año van 234 denuncias por delitos de alto impacto ante la Fiscalía General del Estado por diversos hechos ocurridos en esta región.
“Esto es debido a los altos índices delictivos que se han registrado en la zona: robo a trenes, robo a transporte de carga, secuestro y ejecuciones, por eso estos tomando el mando de la seguridad pública en Chalchicomula de Sesma”.
El funcionario estatal resaltó que el objetivo es brindar resultados reduciendo los índices delictivos en los municipios, como lo establece el decreto que emitió el ejecutivo del Estado de Puebla.
