En los primeros días de septiembre de 2022, como cada año, el ejecutivo federal enviará a la Cámara de Diputados la propuesta-instrucción del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023. No obstante de la facultad de los legisladores, la palabra del presidente ha sido una orden.
Tradicionalmente, de acuerdo a lo conocido, los presupuestos de las dependencias y estados se integran tomando en cuenta lo ejercido en el año que termina, menos lo que no se gastó, agregando el monto promedio de inflación anual.
Al presupuesto general se agregan las obras emblemáticas que darán trascendencia al presidente en turno y que, normalmente, asfixian a las prioridades nacionales y a los presupuestos de estados y municipios.
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De muy poco sirve todo el esfuerzo de las áreas operativas, para justificar y solicitar recursos para las necesidades más inmediatas que la población demanda. Las solicitudes de presupuesto realizadas por diversos gestores, son un mero ejercicio de desahogo ante la centralización de las decisiones por parte del poder ejecutivo nacional, lo que ocurre también en los estados.
Aun cuando se han realizado parlamentos abiertos en la Cámara de Diputados para recibir las propuestas de ciudadanos, organizaciones, instituciones y autoridades, sus planteamientos han sido letra muerta.
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Las prioridades nacionales reales son garantizar la alimentación; el abasto de agua; dotar de medicamentos a la población, que hoy se cura en consultorios de farmacias; tratar y reusar las aguas residuales y la basura, que siguen ocasionando un grave deterioro ecológico; recuperar los recursos naturales; recuperar la tranquilidad y seguridad para las familias; reducir la pobreza y la desigualdad y, pasar del bienestar al desarrollo.
Muchos años llevamos ya con presupuestos que solo brindan bienestar pero no han generado riqueza debido a que los servicios públicos han mejorado las condiciones de vida, pero no han permitido que las familias tengan ingresos al no incluir en los presupuestos el fomento a las actividades productivas. La pobreza no ha variado en los últimos 30 años y tiende a crecer.
Los presupuestos públicos generalmente desconocen las necesidades de las comunidades y de la sociedad. Los presupuestos del sector agroalimentario desconocen a qué se dedica la gente en las 196 mil comunidades rurales de México, lo mismo ocurre con las políticas educativas y, por facilidad operativa se crean programas generales centralizados.
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Una señal inequívoca del abandono de la planeación es que se hacen obras y se aplican programas que no tienen peticionarios. Son decisiones unilaterales del gobernante que decide lo que el pueblo necesita.
Otra señal es que no se toman en cuenta propuestas que provengan de usuarios porque no hay recursos.
Los presupuestos nacionales no están considerando el mantenimiento de obras con el argumento de que eso es responsabilidad de los estados. El gobierno federal o estatal en su caso hace la obra, pero el mantenimiento le corresponde al municipio, y el municipio no tiene de dónde. Los parques vehiculares están inservibles, pero no se compra, mejor se renta. Asimismo, no hay inspectores ambientales ni atención a ventanillas.
Más grave es la situación en la seguridad pública y el tratamiento de aguas residuales. En el primer caso, se eliminan recursos que ayudaban a los municipios a equipar o capacitar a sus policías vía FORTASEG, pero se les exige contener la delincuencia. En el segundo, tratar las aguas residuales es una obligación municipal, pero no se le asigna recurso presupuestal. El resultado es mayor inseguridad y mayor contaminación.
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Los productores del campo requieren servicios de capacitación y asesoría técnica, apoyos con semillas, fertilizantes, abonos, maquinaria, caminos rurales, desazolve de canales de riego, paraderas, pastizales, apoyo para mejorar la genética, financiamiento y apoyo a la comercialización.
El sector hídrico y ambiental reclama con urgencia mayores inversiones para programas serios de reforestación, abasto de agua a la población, obras de captación de agua, recarga artificial de acuíferos, tratamiento y reúso de aguas residuales, mayor impulso a energías limpias, tecnificación del riego agrícola, recuperación de la pesca, manejo, clasificación y reúso de residuos sólidos.
Otros sectores sociales reclaman apoyar a la primera infancia, revertir la desnutrición, el sobrepeso y obesidad, mantenimiento y construcción de escuelas, escuelas de tiempo completo y programas de apoyo a fomento productivo.
No hay presupuesto que alcance para tantas necesidades, pero sí hay forma de concertar su aplicación a las prioridades nacionales definidas con la participación de los usuarios, lo que le daría nombre y apellido de políticas públicas.
Por Alberto Jiménez Merino/ @jimenezmerinomx
