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El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo, emitió, este 5 de julio 2022, el acuerdo general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en las cuencas del país, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este acuerdo establece la posibilidad concertada con los usuarios de aguas nacionales, a través de sus Consejos de Cueca y Direcciones Locales, de destinar parte de los volúmenes de agua de uso agrícola e industrial a la atención de necesidades de agua potable en los municipios del país que así lo requieran.

Según la Conagua, al 30 de junio 2022, el 47 por ciento del territorio nacional se encuentra en condiciones de sequía y el 20 por ciento en condiciones anormalmente secas, afectando a 570 municipios en 26 cuencas hidrológicas.

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La falta de agua, el reducido tratamiento de aguas residuales, las sequías recurrentes, la desaparición de acuíferos, la contaminación de ríos con aguas negras y residuos sólidos, y la ausencia de una cultura de manejo, cuidado y aprovechamiento racional del agua, son parte importante de una problemática creciente.

El agua tiene un valor mayor a lo que nos cuesta, pero la creencia de su abundancia en la naturaleza no nos ha permitido desarrollar una cultura de su cuidado y uso racional. Los niveles de pérdida son altos en los diferentes usos, en los sistemas de conducción, pérdidas del 50 por ciento en las redes de distribución urbana, desperdicio en canales de tierra en zonas agrícolas y reducida tecnificación del riego.

Los principales problemas nacionales son desde hace varios años la pobreza; inseguridad pública y alimentaria; carestía de alimentos e inflación; salud y falta de medicinas; sequía, falta de agua, migración, deterioro ambiental y una gran división entre los mexicanos.

Sorprende la falta de planeación, la ausencia de políticas públicas y una escala de prioridades nacionales distinta a los deseos y necesidades de la población. La sucesión presidencial y del gobierno en entidades, la reforma electoral y la búsqueda de culpables de los problemas existentes, están ocupando mucho tiempo del requerido para gobernar.

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Lo que urge es la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales a través de la implementación de políticas públicas, programas y proyectos que atiendan las verdaderas necesidades de la población.

Para hacer frente a la problemática hídrica actual se requiere un Acuerdo Nacional por el Agua que considere programas y presupuestos para recuperar y fortalecer la Seguridad Hídrica, restablecer el Medio Ambiente e impulsar el desarrollo del país.

Algunas propuestas para este acuerdo son: Impulsar una nueva cultura del manejo, aprovechamiento y cuidado del agua a través del sistema educativo con las nuevas generaciones para formar mejores ciudadanos.

Recuperar, aumentar y mantener progresivamente las inversiones en el sector hídrico nacional por encima de 50 mil millones de pesos anuales, que detenga y revierta el deterioro ecológico y, asegure el agua para todos los usos.

Sequía en México, sin agua
Foto: Internet

Aplicar programas de recarga artificial de acuíferos que detengan la sobreexplotación y recuperen los volúmenes perdidos de agua de los pozos y manantiales. Destinar mayores apoyos para tecnificación del riego agrícola, el bombeo solar agrícola y la rehabilitación de canales para reducir los desperdicios de agua, mejorar la productividad agroalimentaria y liberar volúmenes para uso público en centros de población

Adoptar la siembra por semilla, la regeneración natural de los bosques, aumentar la vigilancia para prevenir incendios forestales y vincular los programas de reforestación con la protección de los acuíferos para recuperar la vegetación de las cuencas y la recarga natural de los manantiales.

Promover la resiembra y rehabilitación de pastizales, así como apoyar la agricultura de conservación, como estrategias para mejorar la productividad, recuperar el suelo y aprovechar la lluvia en zonas de temporal. Apoyar programas de estimulación de lluvias y el uso de geles retenedores de agua contra la sequía en cultivos.

Destinar mayores inversiones para el abasto, tratamiento y reúso de aguas residuales compatibles con la obligación de los municipios. Apoyar el uso de energía solar para el bombeo de agua potable, que resuelva el problema de las altas tarifas existentes que hoy asfixian financieramente a los sistemas municipales.

Y, finalmente, crear una política financiera del sector hídrico, como una prioridad del presupuesto nacional que, conjuntamente con la participación privada, asegure recursos para que estados y municipios puedan cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Por Alberto Jiménez Merino/ @jimenezmerinomx

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