La violencia contra la mujer se entiende como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.
Por lo que los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla, asimismo instaurar esta lucha en su política pública encaminada a lograr lo anterior.
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El derecho de las mujeres a vivir sin violencia está consagrado en los acuerdos internacionales como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en especial a través de sus recomendaciones generales número 12 y 19 y de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, pero en el ámbito interno se encuentra establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia junto con las legislaciones estatales.
Este derecho a vivir una vida libre de violencia de las mujeres es vulnerado puesto que de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 10 a 11 mujeres a diario pierden la vida por feminicidio, revela que la lucha es constante pues el agresor sería el compañero íntimo, un familiar o extraño que dañe a una mujer.
No debemos soslayar a las víctimas sobrevivientes de violencia extrema y de quienes poco se habla al ser quienes enfrentan diversas modalidades de violencia y que además muchas de ellas no denuncian por temor a ser estigmatizadas o para evitar un proceso legal costoso y engorroso que puede prolongarse durante años, pero que además no sanciones a quienes son señalados como agresores.
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En México se cuenta con un importante entramado jurídico e institucional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres aunado sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dictan claramente la forma en que se deben investigar los feminicidios pero la falta de presupuesto, la ineficacia y negligencia de las autoridades impide su cabal aplicación, con los resultados ya descritos, por lo que se insiste en que la lucha es continúa.
