El rumbo de un país implica la toma de decisiones por parte del Estado quien se encarga de la forma de gobierno y de la implementación de las propuestas que ha considerado.
En el escenario social resulta necesario tomar las medidas concernientes, con el objeto de que políticas de combate al crimen no violenten derechos fundamentales de ningún habitante, especialmente de poblaciones que históricamente han vivido el flagelo de la guerra, la muerte y la represión.
Para esto, es necesario el fortalecimiento de la justicia penal y las políticas criminales dirigidas no a la represión del delito, sino a la prevención del mismo. Entendiendo la prevención no como el conjunto de estrategias de control territorial, sino en medidas que ayuden a equilibrar las desigualdades existentes en la sociedad. Lo que también depende de la aplicación de una justicia penal con perspectiva de género que garantice un trato igualitario entre hombre y mujeres.
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Desde los inicios del Estado mexicano postrevolucionario, no ha existido una visión sistémica de seguridad y justicia para disminuir la criminalidad, que comprenda todo el espectro de los ámbitos de intervención necesarios, desde la prevención hasta la reinserción social y permita articular los roles, competencias, marco de actuación y objetivos para cada una de las instituciones.
Como consecuencia, las instituciones del Estado a cargo de la seguridad y de la justicia actúan de manera aislada, sin objetivos comunes y sin información clara y compartida que permita generar estrategias integrales para abordar el fenómeno criminal en sus distintas dimensiones y manifestaciones.
Las acciones que resultan de esta fragmentación son esfuerzos aislados: bajo esa concepción de seguridad ciudadana que se basa en la lucha constante contra el enemigo, se ha construido todo un discurso y un plan de estrategias utilizadas para hacer frente a las demandas ciudadanas expresadas en manifestaciones de protestas.
Esto ha traído consigo a una fuerte militarización de los territorios, un aumento de patrullajes, de penas, de delitos y de medidas represivas, pues las formas de conducción se han decantado en dar someramente una solución pero dirigida a la seguridad de los otros habitantes, pero no a la protección de los derechos fundamentales incurriendo en errores como inseguridad, aumento de hechos delictivos, la falta de adecuada conducción de las autoridades dejando un amargo sabor a la sociedad de un sistema de justicia que no ha sabido investigar, ni impuesto sanciones a quien sea responsable, deterioro de la percepción ciudadana y de la confianza en instituciones de seguridad y justicia, ineficiencia e ineficacia del sistema de justicia penal, ausencia de mecanismos adecuados de prevención y de reinserción social.
Es necesario que las políticas criminales no estén dirigidas a la represión del delito, sino a la protección de derechos de las poblaciones desiguales y marginadas, con el fin de combatir las causas estructurales que han dado origen a esa condición.
Eso implica pasar de un Estado policial a un Estado social o preventivo, en donde las necesidades y experiencias de las mujeres y los hombres sean tenidas en cuenta. El fin del derecho debe ser combatir las relaciones asimétricas de poder y los esquemas de desigualdad, para lo cual los operadores judiciales tienen un papel activo en el cambio y diseño de un proyecto de justicia penal garantista a favor de los desprotegidos.
Por Keren Reyes / @keren_kelly / @SIDECALI
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