Se acerca el Día Internacional contra la Corrupción, como fijó la Asamblea General de las Naciones Unidas al 9 de Diciembre. La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países.
Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos.
La corrupción ha sido considerada una conducta latente en muchos entes del servicio público y aunque es considerado un delito que amerita prisión preventiva oficiosa tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, no encontramos una descripción normativa de lo que es la corrupción en el Código Penal Federal y el Estatal, sino solo conductas que puedan tener cabida en tal acción.
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Su Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos estableciendo las entidades federativas su sistema local anticorrupción como sostiene nuestra Carta Magna.
La percepción de corrupción en el estado de Puebla es de 87.5 por ciento para el año 2020 de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuando la media nacional es de 71.5 por ciento respecto del porcentaje de unidades económicas que consideran que los actos de corrupción por parte de servidores públicos son frecuentes.
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La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) forma parte de los proyectos impulsados por el Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), coordinado por el INEGI, revela que en nuestra entidad el delito más frecuente son actos de corrupción.
Hace unos días fue presentada por el gobierno estatal la ‘Política Estatal Anticorrupción’, donde se sostuvo que participaron ciudadanos, sociedad civil organizada, la academia, empresarios y dependencias estatales y municipales.
La estrategia incluyó conversatorios, la aplicación de 14 mil encuestas en las 32 regiones del estado y un diagnóstico elaborado a partir de diversos estudios institucionales y se puntualizó que la política se compone de cinco ejes estratégicos, cinco generales, 12 específicos y 50 prioridades de política pública para detectar, atender, investigar y sancionar estos actos ilegales y verse fortalecidos los recursos de los entes públicos.
Esperemos que esta política genere cambios en el mal que aqueja a nuestra entidad, para llegar a la meta de entidades y servicios públicos transparentes.
Por Keren Reyes / @keren_kelly
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