Organismos Públicos Descentralizados (OPD) educativos en Puebla fueron utilizados por los implicados de la Estafa Maestra en México para el desvío de recursos.
En el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle se organizaron talleres y cursos millonarios, pero de lo más precarios, sin calidad educativa.
Desde la Secretaría de Desarrollo Social Federal se etiquetaron recursos para estos cursos, a través de los cuales se otorgaron ‘títulos patitos’.
Quienes trabajaron en los OPD afirman que esto ocurrió entre los años 2015 y 2016, lo que desconocen es si de esto estaba enterada o no la extitular de la SEP, Patricia Vázquez.
Las Secretarías de la Función Pública estatal y federal tienen acceso a esa información para confirmar el uso de los OPD poblanos.
Ahora que hablamos de los OPD, el gobierno de Miguel Barbosa podría llevarse una sorpresa en la lista de titulados durante las dos administraciones panistas, la de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali.
Hay funcionarios cercanos a los exgobernadores que titularon a sus colaboradores y familiares, a través del Instituto de Educación Digital.
El papá de un diputado local morenovallista, que recientemente cumplió años, se tituló también en este Instituto.
Ya lo dijo el gobernador Miguel Barbosa el pasado 8 de septiembre respecto al desvío de recursos para la reconstrucción del sismo del 19S, las pasadas administraciones dejaron una “porquería”.
Pronto le daré a conocer nombres de aquellos servidores públicos morenovallistas y galicistas que hoy tienen un título profesional gracias a estos OPD’s, sin cumplir con los planes de estudios.
Por lo mientras, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal suspendió la expedición de títulos universitarios en Puebla, luego de que MTP Noticias diera a conocer la emisión de títulos ‘piratas’ desde el Instituto de Educación Digital en los últimos años.
Recomendamos: SEP confirma auditoría por ‘títulos piratas’ y frena expedición de nuevos documentos
El titular de la dependencia, Melitón Lozano confirmó que por órdenes del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, se realiza una auditoría que, calcula, concluirá en la primera quincena de septiembre, puesto que entre las anomalías se encontraron: cursos inexistentes, personas que no cubrieron los porcentajes necesarios de avance académico y servidores públicos que no acreditaron el plan de estudios.
