Las historias de acoso sexual y laboral en contra de alumnas y empleadas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se volvieron una constante durante el rectorado de Alfonso Esparza.
Pero más delicado y vergonzoso se volvió la época de hostigamiento contra las mujeres acosadas y amenazadas en la universidad, por abogados de la institución, quienes eran pagados para buscar y acorralar a las víctimas, para que no denunciaran.
Quienes ahí laboran afirmaron a este reportero que por lo menos unas 450 alumnas y trabajadoras no denunciaron a los servidores públicos de la BUAP, por el hostigamiento y terror que provocaban en ellas, durante el rectorado de Esparza.
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Esto luego de que la semana pasada, en este espacio se dio a conocer que con la rectora Lilia Cedillo fueron cesados recientemente dos profesores acusados de acoso sexual en contra de sus alumnas.
“La abogada Rosa Isela, destituida de esa posición en abril de 2022, con todo su equipo y sistema jurídico de delitos de violencia de género se encargaba de maltratar y acosar a las personas que denunciaban estos delitos de acoso. Solo dejaban pasar las quejas que les ‘convenía’ o que fabricaban en contra de alguien”, escribió una persona.
Ese hostigamiento provocó que hoy muchas estudiantes y trabajadoras sigan con el temor de denunciar el acoso y discriminación de las que son víctimas por parte de maestros y funcionarios administrativos.
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Los abogados a las órdenes de Rosa Isela acusaban a las víctimas de ‘inventar el delito de acoso y discriminación’, con el solo propósito de obtener beneficios; lo hacían principalmente contra las jóvenes que sufrieron acoso sexual, según relató un empleado de la institución.
Hace dos años, Rosa Isela dio a conocer durante un foro que entre 2015 y 2020 se recibieron 147 quejas y denuncias de víctimas, pero jamás reveló cuántas de estas llegaron hasta la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres.
Este ambiente de no brindar apoyo a las estudiantes y trabajadoras para ejercer su derecho de denunciar los delitos fue común en las diferentes áreas de la BUAP.
En el Hospital Universitario hay señalamientos contra el licenciado Terán de no dar trámite a las quejas de acoso en contra de trabajadoras médicos y enfermeras.
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Lejos de brindarles apoyo, se acosaba a la mujer que buscaba protección; al no aceptarse la queja, no se registraba, ni se le daba trámite. Quienes sí lograban denunciar, eran amenazadas por los abogados de la institución.
Acabar con este cáncer no es posible en un año, pues aún hay abogados del viejo régimen de Esparza; pero hoy la clase trabajadora y el alumnado confían que las cosas están cambiando con la rectora Lilia Cedillo.
