Para los galicistas será un dolor de cabeza, en los próximos meses, el exdirector administrativo del DIF Estatal, Pablo Campos Ramírez, debido a que conforme son revisados los estados financieros de los años 2017 y 2018 surgen más observaciones que generan sospechas sobre el mal manejo de los recursos desde ese organismo.
En la Secretaría de la Función Pública hay observaciones sobre un contrato que el DIF otorgó a Total Play, por un monto de 12 millones 200 mil pesos.
¿Cómo para qué tanto dinero para un servicio de Internet, televisión y telefonía?
En la documentación que heredaron las anteriores administraciones hay archivos que constatan que el exservidor público promovió un convenio de terminación anticipada.
Ahora, hay dudas del por qué el funcionario pagó un contrato millonario, por el que finalizó meses antes de terminar la administración del exgobernador Antonio Gali.
Parece que nadie le advirtió al exmandatario del perfil del exservidor público, que administró los recursos en el DIF, dependencia con más observaciones, hasta el momento de la gestión del gobernador Miguel Barbosa.
El pasado 30 de agosto, en MTPNoticias se dio a conocer que se inició una auditoría por el gasto de 28 millones de pesos que fue reportado para la remodelación de las oficinas centrales del DIF ubicadas en calle 5 de Mayo 1606 en el Centro Histórico de Puebla.
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El exdirector administrativo del DIF Estatal, Pablo Campos Ramírez, está en la mira de la Secretaría de la Función Pública, debido a que él firmó entre los años 2017 y 2018 los movimientos financieros para la rehabilitación del edificio de ‘San Juan de Dios’.
Pablo Campos es hermano de Crispín Campos, un político y empresario quien fue secretario particular del exgobernador del PRI, Mario Marín Torres.
Crispín es dueño de varias universidades en Puebla y en 2018 apoyó a la excandidata a gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, según fuentes panistas.
