Los expedientes están completamente integrados, las irregularidades millonarias están documentadas.
Nunca se imaginaron que van a caer, muchos de ellos tienen las horas contadas y pronto van a enfrentar el mismo destino que Eukid Castañón.
Es una lista de 72 ‘peces gordos’ en la mira de la Fiscalía Anticorrupción, implicados en desvío de recursos, obras fantasmas, enriquecimiento ilícito y demás…
Los implicados en esa lista son los excolaboradores de los últimos tres exgobernadores, quienes se enriquecieron durante la última década.
No pierdan de vista a dos de esa lista: el magistrado Benito Cruz Bermúdez y Gustavo Guzmán Fernández.
Ambos fueron titulares en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), uno de los organismos con más irregularidades millonarias detectadas durante las administraciones panistas.
El pasado viernes, Daniel Gámez Murillo, secretario de Infraestructura, informó este 4 de septiembre que detectaron obras fantasmas por 175 millones en el CAPCEE, hechos que ya son investigados.
El mes anterior, Benito Cruz promovió un amparo por miedo a terminar en la cárcel, ¿No que el que nada debe, nada teme?
De Gustavo Guzmán hay infinidad de anomalías, el 12 de diciembre de 2019 en esta columna le informé que firmó decenas de contratos de obras para la reconstrucción de escuelas, gran parte de estas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, haciéndose pasar como ‘licenciado’, pese a que su título es ‘patito’.
Lee: Extitular del CAPCEE firmó como licenciado ‘patito’ 2 mil 638 millones para obras en escuelas
El 9 de diciembre de 2018, al cierre del gobierno de Antonio Gali Fayad, el CAPCEE reportó una inversión de 2 mil 638 millones de pesos para la rehabilitación y reconstrucción de mil 963 escuelas durante la minigubernatura.
En documentos oficiales de la administración estatal de los cuales posee copia MTP Noticias, el exfuncionario quedó al descubierto al utilizar el prefijo “Lic.,” junto a su nombre y a su rúbrica.
También resultó ser un impostor ante el gobierno federal, al ostentarse como licenciado a fin de bajar recursos para el programa Escuela al 100, a través del organismo Infraestructura Educativa (Inifed).
Gustavo Guzmán y su hermano Edgar Guzmán Fernández son dos de los 26 políticos morenovallistas y galicistas denunciados ante la Fiscalía General del Estado por el gobierno de Miguel Barbosa, por titularse de manera ilegal por medio del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP) con el consentimiento de Ignacio Alvízar como secretario de Educación Pública.
Tras lo publicado en este medio, en febrero 2020 funcionarios estatales informaron que se abrieron investigaciones en contra de los extitulares del CAPCEE.
En la política poblana comienzan las apuestas si Benito y Gustavo serán o no los primeros en caer. Ya lo veremos…