Podrán criticar las formas del gobernador Alejandro Armenta, lo que es real es que Grupo Proyecta sí quitó terrenos a campesinos o les pagó en centavos y ahora vende en dólares.
Por eso, para quienes tienen el contexto de lo que pasó en 1991, cuando el exgobernador Mariano Piña inició el proceso de expropiación de mil 84 hectáreas en lo que ahora es zona de Angelópolis, saben que hay empresarios que tampoco son santos.
Si bien fue un gobierno priista el que dejó sin herencias a hijos y nietos de esos campesinos, inmobiliarias como Grupo Proyecta fueron cómplices de esos abusos, pues se hicieron casi gratuitamente de terrenos para hacerse multimillonarios.
Sobre todos los involucrados pesa una muerte, pues alguien mandó a matar a balazos al abogado que defendía a los ejidatarios, José Luis Serrano, un asesinato que nunca se esclareció.
A sangre sometieron a los campesinos y muchos de ellos murieron sin recibir un solo peso.
Por eso, sí resulta mezquino por parte de Grupo Proyecta al exigir al Estado —el mismo que le regaló esos predios— dinero en dólares por dos hectáreas cuando le pidieron donar esa cantidad de predios para la construcción de viviendas para policías.
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¿Dónde quedó la empresa socialmente responsable que presume ser?
Entonces, ¿el Estado sí está obligado hasta en resolverse su movilidad interna, sin que retribuyan nada y solamente piensen en sus bolsillos?
Por supuesto que es injusto que una empresa que se beneficia a diestra y siniestra no quiera colaborar, porque eso es lo que pasó en un inicio, por eso reventó Armenta en darles el plazo: un mes para donar dos hectáreas o les expropia cuatro.
¿Por qué a cualquier campesino sí se le puede expropiar con el argumento de “utilidad pública” y a los poderosos no, con el mismo argumento?
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¿No es utilidad pública pretender usar esos terrenos para la vivienda de policías?
Si bien los Posada Cueto y socios “reflexionaron” después y cedieron en querer donar esas dos hectáreas, primero recurrieron a medios nacionales para lloriquear, acusando que Puebla se estaba convirtiendo en Venezuela.
Y para que no queden en “pobreza extrema”, Armenta ya les mando a decir: “no gracias”, pues hay otros grupos empresariales que sí quieren contribuir como Grupo Haras y han ofrecido terrenos en municipios de la Zona Metropolitana para los policías.
Mientras, Grupo Proyecta seguirá requiriendo del Estado para dotar de agua sus residencias.
Por cierto, está en la etapa de amenazar a campesinos de Santa Clara Ocoyucan para ahora, hacer realidad City Lomas.
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Incluso ha operado el encarcelamiento de uno de los dirigentes de los opositores: José Emiliano Zambrano.
El activista fue detenido el 25 de agosto de 2024, acusado de supuestamente haber abusado de una mujer.
José Emiliano llevaba nueve años luchando contra este proyecto inmobiliario, y según lo que han narrado a MTP Noticias otros campesinos de la zona, Grupo Proyecta ha buscado desde 2015 adueñarse de 273 hectáreas “por la buena o por la mala”.
