Vaya que en el Congreso de Puebla, hay competencia entre —algunos, porque a otros no se les conoce ni la voz— en ver quién tiene la peor ocurrencia para hacerla ley.
Ni bien pasaba el escándalo que generó la Ley Villegas, cuando llega Roberto Zataráin en plantear una iniciativa que castigue hasta cinco años de cárcel a maestros que propicien el acoso escolar o bullying en las escuelas de Puebla.
De entrada, dándole el beneficio de la duda que lo hizo de buena fe, que el suicidio del niño Juan Lorenzo la noche del seis de febrero en Zacatlán, lo indignó al grado de preparar rápido una propuesta de ley.
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El asunto es que, otra vez —como el caso de Villegas— propuso desde lo que él cree que es la solución, desde sus emociones, sin consultar a expertos, sin convocar a foros para discutir el tema, con todos los sectores involucrados.
No basta con saber un poco sobre salud mental para suponer que se entiende la magnitud de este problema.
Un poco de sentido común no caería mal a esos “legisladores”, que a la distancia se nota que se preocupan más en quién lleva el mejor outfit del día que en realmente trabajar por Puebla.
Este mal, conocido como bullying, no solo es responsabilidad de los maestros, sino viene y se puede prevenir, desde las familias, lo cual es sumamente complicado porque influyen varios factores.
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¿Cómo reducir esta violencia que existe entre los estudiantes si hay quienes lo viven todos los días en sus casas?
¿Cómo decirle a un niño que no se burle, discrimine o pegue a sus compañeros si lo vive todos los días en su entorno social?
Criminalizar a los docentes no resolvería el problema de fondo.
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Siguen haciendo falta programas gubernamentales realmente eficientes que abonen en acabar con este mal.
La escuela, la casa, ya no son lugares seguros para las infancias. Todos los días hay casos de abandono, acoso, abuso sexual y asesinatos de niñas y niños, con total impunidad.
Empiecen por aplicar las leyes existentes.
