Ninguno de los 41 diputados de Puebla se quiso quedar fuera de hacer historia con la aprobación de la reforma al Poder Judicial, pues hasta la panista más renuente a la misma, Mónica Rodríguez, la avaló y hasta reconoció su alcance, pues esta iniciativa del gobernador Miguel Barbosa llega a poner orden, y lo más importante: a garantizar el acceso a la justicia a las y ciudadanos de a pie, aquellos que no tienen dinero para comprar una sentencia a favor.
Previo y durante la votación que se dio este 6 de octubre en el Congreso local, escucharon a la diputada Mónica Rodríguez presumir que gracias a ella es que se consiguió una reforma “digna”, nada más lejos de la realidad, pues son varios los legisladores que aportaron para enriquecerla.
Durante el cabildeo de la misma, se concretaron modificaciones mínimas, pero esto no hubiera sido posible si el gobernador Barbosa se hubiera cerrado a aceptar otras opiniones, al diálogo con las bancadas para integrar sus propuestas.
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También es de reconocer la labor que realizaron los coordinadores de Morena, Sergio Salomón Céspedes y Eduardo Alcántara del PAN, pues su experiencia política permitió que al final, todos los diputados votaran a favor y saliera no solo con mayoría calificada sino por unanimidad, lo que deja un buen precedente.
Así pues, no le crea a Mónica Rodríguez si la llega a escuchar presumir que casi casi, gracias a ella es que hay nueva reforma al Poder Judicial. Lo que sí es verdad es que, ella propuso reformar el sexto transitorio para señalar que el Consejo de la Judicatura tendrá un plazo máximo de 120 días para instrumentar la aplicación de la declaración de intereses entre todos los que trabajan en este poder, cuando antes se daba ese plazo pero para iniciar procedimientos de remoción de servidores públicos en los que hay motivos.
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La intervención más destacable se dio en el Artículo 86 décimo segundo párrafo, en el que se establecía que los legisladores locales podían remover de sus cargos a los magistrados a petición ciudadana. En la versión final ( a petición de los grupos legislativos del PRI y el PAN), se señala que será el Consejo de la Judicatura el que dictamine en caso de que magistrados y consejeros incurran “en denegación grave de justicia, incumplimiento doloso a los supuestos de impedimento judicial o por haber incurrido en violaciones a las reglas de conflicto de interés”.
Es decir, se resuelve desde el Poder Judicial y ya se informa al Congreso del Estado para que proceda a determinar la sanción que corresponda.
En resumen, la iniciativa contempla dos grandes funciones: la jurisdiccional y la de gobierno. Dentro de la primera, se contempla la actividad del Tribunal Superior de Justicia, la Sala Constitucional, el Tribunal de Justicia Administrativa y en los juzgados.
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El de gobierno recae en el Consejo de la Judicatura, el cual, entre otras funciones, tendrá las de representación legal del Poder Judicial, rectoría de la carrera judicial, administración, vigilancia, evaluación del desempeño y disciplina, así como la coordinación del Instituto de Defensoría Pública y de la Escuela Estatal de Formación Judicial.
En lo que respecta a la Sala Constitucional conocerá, entre otras, de las acciones de inconstitucionalidad; de las acciones que promuevan integrantes de los Ayuntamientos en contra de normatividad municipal; de las controversias que se susciten entre poderes, ayuntamientos, municipios y órganos autónomos; de la acción de tutela; de acciones por omisión legislativa.
Esta reforma al Poder Judicial establece que los Tribunales Superior de Justicia y de Justicia Administrativa, la Sala Constitucional y el Consejo de la Judicatura tendrán diferentes presidentes que no podrán ser reelectos más allá de su periodo de 4 años, lo que permite un balance, equilibrio y renovación institucional.
Estos son solo algunos de los puntos importantes de esta reforma, razón suficiente por la que ningún legislador se quiso quedar fuera de los que hacen historia al avalarla, pues acaba con viejos vicios e injustos como el hecho de que un magistrado sea vitalicio. De ahora en adelante, ocupará el cargo por 15 años y el que sigue.
Además, se obliga a los servidores públicos a presentar declaración pública de intereses respecto de vínculos con otros integrantes del Poder Judicial. En pocas palabras, se acabaron los privilegios en el Poder Judicial.
Bienvenidos los nuevos tiempos.
