Jesús Giles Carmona, exdirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), es el primer citado, de 26 morenovallistas que fueron beneficiados con títulos ‘patito’, para declarar ante la Fiscalía General del Estado por los delitos de cohecho, tráfico de influencia, ejercicio indebido de funciones y asociación delictuosa.
Estaba citado para el viernes 14 de agosto; sin embargo, ese mismo día falleció su papá por Covid-19, razón por la que, por acto de humanidad, se le aplazó su comparecencia para esta semana.
Fue gracias a un reportaje de MTP Noticias publicado el 15 de agosto del 2019, en el que exhibió las anomalías en la expedición de títulos entre los años 2017 y 2018 durante el periodo de Ignacio Alvízar al frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que el gobierno de Luis Miguel Barbosa presentó en noviembre de ese mismo año las 26 denuncias.
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Si hay quienes creían que estos expedientes en los que están involucrados el papá del diputado local, Gerardo Islas; Roberto Ruiz Esparza; el empresario y exdiputado local, Francisco Rodríguez Álvarez; Jorge David Rosas Armijo, exmano derecha de la fallecida exgobernadora Martha Erika Alonso, entre otros, habían quedado en el olvido, están equivocados, pues las investigaciones siguen su curso.
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El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta se ha caracterizado por tener mano dura en el combate a la corrupción y lo que busca en este caso es que todos aquellos que se burlaron de las instituciones paguen con cárcel, que reciban una lección por su actuar.
Es que a los colaboradores de los exgobernadores Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad se les hizo fácil recibir un título sin haber cursado una materia, sin hacer tareas, sin servicio social, como un estudiante decente.
En la publicación de agosto del 2019 en MTPNoticias, el director general de esta página, Iván Tirzo dio cuenta de todo el cochinero que hacían desde el Instituto de Educación Digital del Estado (IEDE).
Ahora, no solo los 26 beneficiarios de los títulos ‘patito’ están temblando de miedo porque se hará justicia, sino también quienes estaban al frente de las instituciones de educación como Ignacio Alvízar.
Qué bueno que el gobierno estatal no deje en el archivero estos asuntos y ponga en su lugar a quienes creyeron que jamás tendrían consecuencias sus actos.
