MTPNoticias detalló el 14 de junio que Abelardo Cuéllar no solo fungió como juez y parte en 104 juicios laborales, sino que como secretario del Trabajo atrajo nuevos casos, pues se le identificó como abogado litigante en al menos cinco asuntos.
Se trata de los expedientes: D-5/20/2020, D-4/50/2019, D-3/33/2019, D-3/240/2019 y D-3/101/2019.
Es decir, cobraba como abogado y desde su papel de secretario de estado, autobeneficiaba su despacho. Todo un conflicto de intereses, corrupción, tráfico de influencias y demás… y todavía, el señor anda indignado porque se le investiga por estos hechos.
Y es que abusando de la confianza que le dio el gobernador Miguel Barbosa al integrarlo a su equipo de trabajo, Abelardo Cuéllar abandonaba de a ratos sus labores de funcionario para operar como abogado de burócratas despedidos del gobierno estatal, de agosto de 2019 a enero de este 2022, cuando fue relevado por Gabriel Biestro en el cargo.
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Fue a mediados del 2021 cuando se enteraron en el gobierno estatal que Abelardo les jugaba las contras tras una revisión de expedientes acumulados en las juntas especiales de la Junta de Conciliación y Arbitraje. De los 104 procesos hallados en ese momento, 93 venían de gobiernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad. Los demás se sumaron en la administración de Barbosa.
Ante esta situación, Abelardo Cuéllar fue notificado sobre el inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas en su contra por parte de la Secretaría de la Función Pública estatal, así es que ya sabía, que no se haga. Incluso, fue inhabilitado un año para no ocupar cargos públicos.
Ahora, el litigante dice ser un “perseguido político”, como si en su momento no supiera que cobrar con Dios y con el diablo, tarde o temprano le traería problemas, o qué, ¿se creyó impune?, ¿creyó que como era de Morena y apoyó en su momento la campaña del hoy gobernador y haberse ganado su confianza al grado de hacerlo secretario de Estado le perdonaría estos presuntos actos de corrupción?
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En su ambición por cobrar un porcentaje de los laudos pagados (al menos 230 millones de pesos), el exfuncionario pasó a arrastrar a su hijo Ramón Abelardo Cuéllar, quien también está en problemas.
Abelardo sabe que hay pruebas para procesarlo por eso ha intensificado su campaña mediática para venderse como mártir, pero ya hemos visto que al gobernador Miguel Barbosa no le tiembla la mano cuando descubre actos de corrupción en su gobierno, se trate de quien se trate, no importando si son de su mismo círculo político.
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Quien no acaba de cuajar su gabinete es el panista Edmundo Tlatehui en San Andrés Cholula.
En medio año de gobierno, se ha quedado sin al menos cuatro de sus funcionarios de primer nivel y desde hace varios meses, hay cargos acéfalos.
Amparo Gianelli fue una de las primeras en dejar esta administración, al renunciar a la Contraloría en diciembre del 2021. Los motivos se desconocen y trascendió que fue obligada a abandonar el cargo.
Andrés Corral dejó la Secretaría de Turismo por supuestos actos de corrupción, cargo al que llegó como un pago de favores gracias a que su esposa, la excandidata del PSI a la presidencia, Celene Calderón declinó en favor de Tlatehui en la elección del 2021.
En febrero pasado renunció Arturo López Mora a la Secretaría de Infraestructura por “motivos de salud”. Aún no hay titular y un pariente de la esposa del edil, René Cuautle, está como encargado de despacho.
El pasado 24 de marzo, Carlos Enrique García Sánchez abandonó la Secretaría de Administración. Se sabe que fue obligado a renunciar y hasta el momento no se ha nombrado oficialmente a nadie. Gerardo Izmoyotl se mantiene como encargado de despacho.
En el caso de la panista Blanca Jiménez, quien fue designada en un inicio como secretaria de Fomento Económico, pidió “permiso” para ausentarse de su trabajo a partir del 15 de mayo para hacer campaña por Teresa Jiménez, candidata a gobernadora de Aguascalientes por el PAN.
Como había un acuerdo político con ella, le permitieron regresar a su chamba a partir del 12 de junio.
