Además de las faenas, las obras comunitarias, las casas ‘Carmen Serdán’ y otras acciones que ha emprendido el gobernador Alejandro Armenta en 100 días de gobierno, hay que reconocerle el combate a la corrupción.
Una noticia que pasó desapercibida para la mayoría de medios de comunicación, fue la renegociación que Armenta logró a principios de este 2025 con los Hank Rhon para reducir de 4 mil 600 millones a dos mil millones de pesos la deuda que heredó Rafael Moreno Valle por la construcción del Museo Internacional Barroco (MIB).
Ningún sucesor del fallecido panista lo logró.
En los gobierno de Miguel Barbosa (2019-2022) y de Sergio Salomón Céspedes (2022-2024) hubo intentos pero no consiguieron bajar la cantidad de ese pago obligatorio, debido a los contratos leoninos que se firmaron en el morenovallismo ( 2011-2017).
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Eso significa que al término de la administración de Armenta, saldaría toda la deuda por el MIB con los Hank cuando en un inicio se proyectó a pagar durante 23 años y tres meses ese inmueble.
Nadie lo dice pero ese ahorro, puede repercutir en más obras comunitarias en la entidad, en lugar de terminar en los bolsillos de los gánsters de este país como los dueños de La Peninsular —que construyó el museo—.
Otro golpe que ha quedado claro es el que le ha dado a los dueños de Melgarejo Construcciones quienes lo buscan para negociar en lo oscurito pero él se ha negado.
Públicamente dejó en claro que no le importa que lo destituyan por desacato pero no entregará mil millones de pesos, dinero de los poblanos, a estos empresarios que, buscan cobrar por una obra no realizada.
Y es que, otra vez, por culpa de Moreno Valle que echó abajo un contrato de Mario Marín para la construcción del Libramiento Poniente, que conectaría al Arco Norte con la autopista Siglo XXI, generó este pleito legal que a la fecha, no ha concluido.
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En el caso del agua, cuya concesión tiene otra empresa de los Hank, Armenta también va avanzando.
Ya concretó un tercer convenio modificatorio entre el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable (Soapap) y Concesiones Integrales S.A. de C.V.
Apenas el 20 de marzo de este 2025, logró acuerdos que permiten cumplir con la concesión y nuevos compromisos como mejora en el suministro de agua; estudios de identificación de agua nueva, y sobre todo, frenar el aumento trimestral de las tarifas —como quedó establecido en la legislatura pasada, a propuesta de Barbosa—.
El Centro Integral de Servicios (CIS) también ha sido un problema desde que se construyó, pues además de la deuda heredada, genera gastos ostentosos.
Por ejemplo, para 2024, solo en mantenimiento se destinaron 242 millones 450 mil 414 pesos.
Adicionalmente se pagaron de forma complementaria 10 millones 749 mil 170 pesos por servicios básicos (agua, telefonía y servicios de energía eléctrica).
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Para este 2025, se tiene estimado cubrir 252.3 millones de pesos, sumado a 12 millones más por servicios básicos, haciendo un total de 264 millones, 357 mil 974 pesos aproximadamente.
Lo que ya está haciendo el gobierno de Armenta es un análisis para reducir este gasto ostentoso, con el fin que sí se destine en lo que realmente importa.
Por ejemplo, el pago de 11.9 millones de pesos que hizo a la Conade con tal de que Puebla vuelva a ser sede de eventos nacionales e internacionales.
Eso es solo una muestra de lo que se puede hacer con el dinero que se ahorra por otro lado, sobre todo en el combate a la corrupción como en estos casos.
