El gobierno de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, sí investiga posibles anomalías financieras detectadas en las gestiones de los ex alcaldes Luis Banck Serrato y José Antonio Gali Fayad.
El contralor municipal José María Sánchez Carmona reveló que se indaga el gasto de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y la contratación de empresas que fueron cuestionadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Recomendamos: Conduent Solutions se hace la ‘vistima’ por negocio de 234 mil millones que recibió de RMV y Gali
Así lo señaló el funcionario municipal durante su comparecencia de este martes ante el Cabildo, como parte del segundo informe de labores de Rivera, en la que fue interrogado sobre si existen indagatorias a la gestión de Luis Banck.
Investigan el gasto federal y contrataciones
Al cuestionamiento, el funcionario respondió que existen cuatro observaciones pendientes por solventar de la cuenta pública 2015, correspondiente a la gestión de Gali Fayad, las cuales tienen que ver con recursos del Fortamun, según se expone en el expediente 1252DSGF, aunque no detalló el monto.
Otra indagatoria tiene que ver con la contratación de empresas que fueron señaladas por el SAT de realizar operaciones inexistentes, tanto en la administración de Gali como en la de Banck.
Las empresas señaladas son Hinfra S.A. de C.V., Woonter Well S.A. de C.V., Adso de México S.A. de C.V. y Grupo Comercial Lacerta S.A. de C.V, a quienes se les otorgaron contratos por más de 155.4 millones de pesos, de acuerdo con una investigación realizada en marzo de 2020 por el portal Datamos.
En reiteradas ocasiones, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha cuestionado que Rivera no haya emprendido investigaciones sobre ambos gobiernos panistas, al asegurar que existe un pacto político con los ex alcaldes.
En cuanto a las auditorías que se realizan en la Secretaría de Desarrollo Urbano tras la detección de una red que solicitaba cobros adicionales, explicó que esta abarca desde el 20 de julio de 2017 y hasta el 31 de agosto pasado, y se audita la entrega de permisos e ingresos por aprovechamientos y condonaciones.
Por otra parte, el contralor explicó que durante el segundo año del gobierno de Rivera se establecieron 36 sanciones a funcionarios públicos, de las que 13 fueron inhabilitaciones para ocupar cargos públicos, tres suspensiones, una sanción económica y una destitución del cargo o comisión.
Crédito: e consulta
Por @MTPNoticias
