Desde hace cinco años, la maquinaria de la planta tratadora de aguas residuales número 4, mejor conocida como “San Francisco”, dejó de recibir mantenimiento por parte de la empresa Concesiones Integrales SA de CV, a raíz de la privatización del servicio, lo cual provocó que su capacidad rinda seis veces menos y no realice el proceso de saneamiento.
Actualmente, el bombeo de agua tratada es de apenas 500 litros por segundo y no de 3 mil como aseguró la concesionaria, en un comunicado.
La información puede corroborarse a través de fotografías que personal del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) tomó al interior de las instalaciones de la planta, durante una inspección al lugar ante las denuncias de falta de funcionamiento.
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Las imágenes afirman la hipótesis que la inoperancia de la planta tratadora de San Francisco, ubicada en la Reserva Territorial Atlixcáytol, es la responsable de la nube de espuma tóxica que se generó en la presa de Valsequillo, y que cobró la vida de una persona.
Por lo tanto, no se está cumpliendo con el saneamiento de las descargas ilegales al río Atoyac, que llegan procedentes de las localidades de Tlaxcala, San Martín Texmelucan y Huejotzingo.
En las fotografías que entregaron a La Jornada de Oriente, los trabajadores del organismo concluyeron que la maquinaria se encuentra obsoleta y oxidada, a pesar de su reciente adquisición.
Incluso, uno de los equipos está acordonado con cinta amarilla de advertencia “precaución”, para impedir que el personal se acerque.
También se comprobó que no hay limpieza en los cárcamos de bombeo, y se aprecia lodo y sedimento en el depósito de agua que se supone estaría limpio de químicos.
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Bolsas de plástico, cubetas de pintura, palos, tarimas de madera y hasta basura se encuentra en el cuarto de máquinas, lo cual da la impresión que es utilizada como un depósito de desechos.
Inválida, la prueba de agua que tomó regidora del PAN en planta tratadora
El vocero de los ex trabajadores del Soapap, agremiados al Movimiento Anti Reeleccionista Poblano, Manuel Bravo Bruno, confirmó que la planta tratadora de San Francisco se encuentra inoperante.
Dijo que las imágenes respaldan la información que la semana pasada dio a conocer conjuntamente con activistas agremiados en el Movimiento Anti Reeleccionista Poblano, donde documentan que la planta tratadora en mención dejó de sanear las aguas negras.
En entrevista, el activista se pronunció en contra de la postura que asumió la regidora panista Augusta Díaz de Rivera, quien efectuó una visita a la planta de San Francisco para tomar una muestra de agua y llevarla al laboratorio, a fin de descartar posibles contaminantes.
“La regidora está erogando un salario como defensora de oficio de la empresa Concesiones Integrales, pues busca a toda costa renegociar el contrato a la compañía, más no rescindirlo”, declaró.
Para que sea válida la prueba de laboratorio, explicó que se deben tomar seis durante 24 horas, después se juntan y se efectúa el análisis por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación AC (EMA), a cargo de este procedimiento ecológico.
En ese sentido, consideró inválida la prueba efectuada por la regidora panista, pues además de no cubrir con el requerimiento, tampoco efectuó el protocolo de seguridad e higiene.
El activista recordó que en un proceso fraudulento y desaseado, el gobierno de Moreno Valle asignó de manera directa la administración del servicio a la iniciativa privada, y desde entonces la compañía ha incumplido con las cláusulas del convenio.
El pasado 21 de agosto, Manuel Bravo convocó a una rueda de prensa para exhibir videograbaciones que comprueban que la planta de San Francisco no está funcionando; sin embargo, la inspección se efectuó en las inmediaciones al lugar y en un tramo del río Atoyac.
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Esa ocasión, el abogado Manuel Carmona acusó que existen responsabilidades administrativas, económicas y penales por daños a la ecología y afectaciones al medio ambiente, y que debe ser elemento suficiente para retirar la concesión a la empresa Concesiones Integrales, que fue contratada no sólo para suministrar sino también para sanear el agua.
En 2013, el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas impulsó la privatización del servicio del agua, drenaje y saneamiento en la ciudad de Puebla y los municipios de la zona metropolitana, desde el Congreso del estado, otorgando la administración a tres compañías: Grupo Agua de México, Epcor y Ticsa, quienes de forma irregular cedieron la concesión a la empresa Concesiones Integrales SA de CV.
Crédito: Jornada de Oriente
Por @MTPNoticias
