El albergue “La Sagrada Familia”, la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Tlaxcala, un Mundo Una Nación A.C., lamentaron la actuación del gobierno mexicano en la detención de un grupo de más de 100 personas migrantes en Apizaco y demandaron la investigación de este hecho para verificar si fue realizada conforme a derecho.
En un pronunciamiento emitido “ante los hechos de crueldad humana y crisis humanitaria” que enfrenta esta población a su pasó por Tlaxcala, refirieron sobre ese suceso ocurrido la tarde de este este lunes 25 de enero, cerca de la estación del tren conocida como “La Antigua Estación”, según información difundida en diversos medios de comunicación.
Expusieron que, con base en esas notas periodísticas, “personal de seguridad de Ferrosur y del Instituto Nacional de Migración (INM), con auxilio posterior de la policía municipal de Apizaco, lograron (sic) el aseguramiento de 118 centroamericanos”, quienes viajaban a bordo del ferrocarril.
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Al respecto, el albergue “La Sagrada Familia”, la Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Tlaxcala y un Mundo Una Nación A.C. recordaron que la pobreza económica “que enfrenta gran parte de la población en Centroamérica, se agravó en el último año por la crisis resultante de la pandemia de Covid-19, aunado a la devastación causada por los huracanes Eta y Iota”.
Agregaron que las y los habitantes de los países de esa zona del continente “se ven amenazados” por un clima de violencia generalizada y que las personas que emigran tienen necesidades de protección internacional que los gobiernos de la región están obligados a atender, con base en su legislación interna y el derecho internacional.
Por ello, “ante los presumibles hechos” suscitados este lunes, lamentaron la respuesta emitida por parte del gobierno mexicano a la crisis humanitaria que padecen esos pueblos, al privilegiar la contención, disuasión, detención, criminalización y deportación inmediata; “cuando estas acciones han sido cuestionadas con preocupación por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Además, demandaron que el gobierno de México responda con acciones humanitarias y solidarias en apego a los compromisos que México ha adquirido mediante los tratados internacionales de derechos humanos.
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Respecto de las personas detenidas, hicieron un llamado a las autoridades migratorias “para que respeten el derecho a la no devolución”, ya que muchas de ellas son sujetas de protección internacional, por tanto, se les debe garantizar la solicitud de la condición de refugiado; y a que atiendan las necesidades humanitarias con un enfoque diferenciado que tome en cuenta el género y la edad.
Pidieron que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el ámbito de su competencia, investiguen si la presunta participación de personal seguridad privada de Ferrosur en esta detención masiva, se realizó conforme a derecho.
“Es preocupante que empresas de seguridad privada ejerzan acciones que no son de su competencia. Esto, además, porque en las últimas semanas el albergue ha documentado agresiones contra migrantes perpetrados por supuestos guardias” de dicha compañía.
Solicitaron que las autoridades migratorias cumplan la legislación mexicana que prohíbe la detención de niños, niñas y adolescentes no acompañados y acompañados.
“Hacemos un llamado a la CEDH y a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Tlaxcala para que garanticen la no detención” de estos infantes en la estación migratoria.
Estos defensores de derechos humanos pidieron el INM, en este contexto de pandemia, “atienda las necesidades humanitarias de las personas detenidas implementando protocolos de bioseguridad para evitar la propagación de la Covid-19, pues significaría un alto riesgo para la salud las condiciones de hacinamiento en la estación migratoria”.
Ello, al advertir que las circunstancias bajo las que operan esas instalaciones del INM,
“son deficientes antihigiénicas e inhumanas, además de los tratos inhumanos por parte del personal que, en la mayoría de los casos, denigra la dignidad humana y viola los derechos básicos de toda persona”.
También exhortaron a medios de comunicación a contribuir en la construcción de una sociedad incluyente y no discriminatoria hacia todos los sectores y grupos sociales.
Crédito: La Jornada de Oriente
Por @MTPNoticias
Foto: Escenario Tlx