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A pesar de que las secretarías de Seguridad, Secotrade y Sedeso reportaron subejercicio
Carlos Martínez Amador, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, precisó que se presentará al pleno del Congreso sólo un informe, y la revisión de la aplicación de los recursos es responsabilidad de la ASE.
La disposición -señaló- es parte de la reforma que a nivel federal se aprobó en materia de fiscalización para que los congresos locales sólo aprueben o rechacen un informe.
De la falta de aplicación de recursos en tres dependencias, Martínez Amador reiteró que los legisladores sólo revisan un informe, por lo que las observaciones específicas dependen directamente del órgano fiscalizador.
En el reporte que Gali Fayad remitió al Congreso se indica que en el Gasto Programable por Dependencias, la Secretaría de Desarrollo Social contó con un presupuesto de mil 173 millones 446 mil pesos pero no se aplicaron 491 millones 316 mil pesos.
En el caso de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) la bolsa asignada fue de 258 millones 485 mil aprobados pero sólo gastaron 137 millones 143 mil pesos.
En tanto, para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el presupuesto que se le asignó fue de 849 millones 761 pesos y en el reporte se señala que no se utilizaron 119 millones 158 mil pesos.
Avalan que la SGG designe a los interventores
Sin cambios y a un día del ingreso de la iniciativa de reforma a la Ley del Notariado, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó que el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) designe a los interventores para vigilar los procesos administrativos en aquellas notarías sobre las que existan quejas.
La modificación aprobada al artículo 177 de la Ley del Notariado precisa que el interventor será propuesto por el titular de la SGG, asumirá el control administrativo del despacho y el perfil seleccionado para esta tarea debe contar con la “patente de aspirante al ejercicio del notariado”.
“En los casos en que existan quejas reiteradas contra un notario por hechos que pudieran constituir alguna de las faltas establecidas en el artículo 175 de esta ley, o cuando de la práctica de visitas resulten varios hechos que pudieran constituir tales faltas, el Secretario General de Gobierno podrá ordenar por escrito la intervención de la Notaría, designando a un interventor que asuma el control administrativo de esta”.
En tanto en la fracción I de dicho numeral se indica que: el interventor deberá ser un abogado o licenciado en derecho con patente de aspirante al ejercicio del notariado, expedida y registrada en términos de esta Ley, el cual percibirá del Notario intervenido la remuneración que establezca el arancel previsto por esta Ley”.
Crédito: e-consulta
