Andrea Lezama Bonilla, abogada, vicepresidente de la colectiva Cam Cai e integrante de Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria, se convirtió en Puebla en la primera en obtener la guardia y custodia de su hijo, y en conseguir vinculación a proceso de su exesposo por haberla separado de su hijo durante 2 mil 335 días.
Su caso procedió, gracias a que los legisladores locales tipificaron la violencia vicaria como delito el 15 de julio de 2022 con penas de hasta 10 años y ocho meses de prisión.
Solo tres meses después de ese aval, fue detenido Ricardo, la expareja de Andrea, lo que abrió la posibilidad en que volviera a ver a su hijo, a quien finalmente volvió a recuperar el 17 de abril de este 2023 cuando ganó la guardia y custodia.
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Sin embargo, su caso no es el único, y aunque antes de ser aprobada la reforma, hubo muchas manifestaciones de madres de familia denunciando sus casos, desde que entró en vigor el delito, a partir del 17 de agosto de 2022, cuando se publicó el decreto en el Periódico Oficial del Estado (POE).
Hasta marzo de este año, únicamente han oficializado sus denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), seis mujeres.
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Seis mujeres han denunciado violencia vicaria en Puebla
De acuerdo con información obtenida por MTP Noticias vía transparencia, de las seis madres que denunciaron a sus exparejas por sustraer a sus hijos de su lado, cinco se interpusieron en la ciudad de Puebla y una corresponde a San Andrés Cholula.
Tomando en cuenta el comportamiento de las denuncias por mes, en octubre, en el mes inmediato a que la tipificación del delito entrara en vigor, nadie denunció, pero en noviembre, dos víctimas acudieron al Ministerio Público para exponer a sus exparejas por quitarles a sus hijos y utilizarlos para vulnerar sus derechos como madre.
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Para diciembre tampoco se presentaron denuncias por este delito. En enero de 2023 fueron dos, una en febrero y nada en marzo, según el reporte desglosado por la Fiscalía local.
Dentro de estas carpetas de investigación, son diez los menores involucrados, quienes fueron sustraídos por sus padres e incluso los sacaron del estado para separarlos de sus madres, como una forma de causarles daño por haber acabado con la relación de violencia en la que vivían.
En el caso de Andrea Lezama por ejemplo, le quitaron a su hijo desde 2016 cuando tenía apenas un año con tres meses, y lo recuperó casi siete años después, hasta que los diputados locales tipificaron como delito este tipo de violencia, a iniciativa de las diputadas Aurora Sierra del PAN y Mónica Ruiz del PT.
Actualmente Andrea está a la espera de que se lleve a cabo la audiencia para que se dicte una sentencia para su agresor para culminar con su denuncia por violencia vicaria.
Sin embargo, hay otros casos que no avanzan como el de Ana Karen quien a pesar de que ya consiguió una orden judicial para que Erick, su expareja, regrese a sus tres hijas, que sustrajo de su casa en noviembre de 2022, se ha negado a hacerlo, por lo que se mantiene activada la Alerta Ámber para encontrar a las menores.
Se trata de Madisson Scarlett de tres años, Érika Aitana de un año y una bebé, que, hasta el día de su robo, no estaba registrada. Erick, el padre, violentador vicario, es un médico, quien borracho golpeó y corrió a Ana Karen de su casa el 22 de noviembre del año pasado, porque se enojó, luego de que ella llevara a la niña mayor al pediatra.
Casos como las de ella, hay más, solo que pocas son las mujeres que se han atrevido a exigir justicia ante las autoridades en sus casos.
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