Desde hace casi dos años, Roxana Ochoa ha sido víctima de violencia vicaria ejercida por su exmarido, a quién denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Sin embargo, esta instancia le quitó el acompañamiento psicológico sin justificación, además de negarse a integrar los resultados de la terapia a su carpeta de investigación.
En entrevista para MTP Noticias contó que al igual que ella, al menos otras 40 mujeres de todos los niveles socioeconómicos están en la misma situación, debido a que ya no hay atención psicológica en el Centro de Justicia.
Algunas de ellas podían pagar a un particular. Sin embargo, el problema es que un requisito para continuar con el proceso de la denuncia es que se certifique la situación psicológica de la denunciante a través de esta instancia que ha dejado de operar.
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Al momento de interponer su denuncia, las víctimas reciben la opción de acudir a terapia individual una vez cada tres meses o en grupo dos horas a la semana, y la mayoría opta por acudir de manera conjunta con otras mujeres para no rezagar su proceso.
“Yo desde junio de 2022 presento una denuncia por violencia en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y me mandan al Centro de Justicia, entonces yo empiezo a ir a tomar terapia y por el tema de penal seguimos integrando la carperta, le requerimos al MP que le solicité al Centro de Justicia el informe de cómo voy con la terapia, entonces, el Centro de Justicia responde que yo no estoy en la lista”, narró.
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Violencia vicaria en Puebla: Roxana fue víctima por más de 12 años
Durante al menos 12 años, Roxana sufrió de violencia familiar por parte de su exesposo mientras estaban casados y vivían juntos.
Desde 10 años atrás, fue víctima de comentarios machistas de menor intensidad que pasaban desapercibidos y parecían normales por el gran amor que ella le tenía.
Fue en 2019 cuando decidió divorciarse de él; sin embargo, él se quedó con la casa en la que vivían junto con su hijo, quien en ese entonces tenía 12 años.
Esta vivienda resultó del trabajo de Roxana, quien se hacía responsable del 100 por ciento de los gastos de su hogar.
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En octubre de 2021, fue cuando su exmarido le notificó que ya no la permitiría ver a su hijo, ya de 14 años, por ser “una mala influencia” y representar un riesgo para su integridad, por lo que le prohibió irlo a visitar para hablar con él.
Además, su expareja se dedicó a mentirle a su hijo con el objetivo de que él odiara a su mamá y ya no quisiera volver a verla.
“Sufrí violencia familiar unos 12 años de la relación a pesar de que estuve con él 22 años de relación contando el noviazgo y sí sufría violencia pero la normalizaba, uno no se da cuenta que sufre violencia porque te acostumbras a vivir con eso. Hoy por hoy yo no veo a mi hijo y hoy por hoy soy violentada a través de mi hijo, a través de no verlo (…) Fue una pesadilla porque yo le dejé mi casa a él para que mi hijo viviera bien”, contó a este medio.
Incluso señaló que debido al estrés que le provocaba el no poder ver a su hijo y la pelea legal con su expareja, le generó problemas físicos.
Llegó al grado de no poder caminar y padecer trastornos del sueño, los cuales disminuyeron a raíz de que comenzó a acudir a terapia en el Centro de Justicia.
A poco más de un año de iniciar su proceso legal, Roxana no ha recibido justicia y su exesposo continúa con la custodia total de su hijo pese a que interpuso una denuncia por violencia familiar y violencia vicaria.
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Fiscalía pone trabas para continuar con el proceso
El pasado martes 6 de junio fue el último día en que Roxana recibió terapia grupal en el Centro de Justicia y después de eso, le comentaron que ya no podía continuar con el acompañamiento.
Su baja se debió a que interpuso una queja debido a que se negaban a entregar los reportes de sus terapias para incorporarlas a su expediente para continuar con su carpeta de investigación.
Sin embargo, ella no fue la única que sufrió este asunto, pues señaló que al grupo al que acudía para recibir la terapia grupal, asistían entre 20 y 40 mujeres a solicitar apoyo psicológico y lo cerraron definitivamente, por lo que dejaron sin ayuda a estas víctimas.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha intentado dialogar con ellas a pesar de que han insistido que se retome este acompañamiento, debido a que hay mujeres que fueron víctimas de un nivel alto de violencia.
Fiscalía analizará que la Secretaría de Igualdad Sustantiva administre Centros de Justicia
El fiscal Gilberto Higuera Bernal dio a conocer que la Fiscalía General del Estado es de las pocas a nivel nacional que continúa con la operación de los Centros de Justicia para atender a mujeres víctimas de delito, pues señaló que en otras entidades están a cargo otros organismos.
Consideró que en Puebla también debe de aplicarse ese mecanismo para que los centros ubicados en la ciudad de Puebla y Tehuacán sean administrados por la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que continúe con el acompañamiento a las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia.
El fiscal comentó que en estos Centros de Justicia se brinda atención médica y psicológica, talleres y otro tipo de actividades relacionados con el empoderamiento de las mujeres, por lo que es necesario que una institución que se dedica a este tema, se haga cargo de su operación.
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“Nosotros ya lo hemos planteado, yo personalmente lo he planteado, al Conavim, a la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que estos centros de justicia que prestan este tipo de servicios a víctimas de delitos, función que nosotros ya no tenemos, puedan desarrollarla”.
#DolorySangre 🔴 El fiscal Gilberto Higuera Bernal informó que la @FiscaliaPuebla analiza que los Centros de Justicia para las Mujeres sean administrados por la Secretaría de Igualdad Sustantiva para que no dejen de operar y continúen con la atención psicológica para las… pic.twitter.com/2gyw7RU41W
— MTP Noticias (@MTPNoticias) June 15, 2023
Por último, Higuera Bernal señaló que tras la denuncia colectiva que realizó un grupo de mujeres que dejó de recibir este acompañamiento, ordenó que se siga dando este acompañamiento en los Centros de Justicia al mayor número de víctimas que se puedan atender.
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