La reforma a los artículos 2, 57, 113 y 125 de la Constitución local aprobada por unanimidad por el Congreso del estado que fortalece la auditoría y rendición de cuentas va más allá de la simplista interpretación que es una modificación con dedicatoria para el actual titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano.
Es, más bien, un giro de timón para implementar un modelo vanguardista en la materia que, entre otras muchas otras cosas, permitirá una cultura y pedagogía contra la impunidad e impide que el latrocinio cometido por los gobiernos de Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad quede en la impunidad.
La reforma presentada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta incorpora, a grandes rasgos, dos factores clave: la restructuración en la organización de la Auditoria Superior del Estado para fortalecer su autonomía y elevar los rangos de exigencia sobre su actuación.
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Y también crea la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla en materia de responsabilidades de los servidores públicos, la cual será la encargada de sancionar faltas administrativas graves y no graves.
Ambas adiciones a la Constitución estatal llevan inevitablemente a que el auditor cuente con un órgano más arriba que supervisará su tarea y/o procederá a sancionarlo.
Ese, por sí mismo, ya es un avance sustancial. Será la Unidad Técnica del Congreso local la que controlará, vigilará y evaluará del desempeño de la Auditoría Superior.
Por su parte, la Sala Especializada estará integrada por tres magistrados que serán elegidos por las dos terceras partes del Congreso -un logro obtenido por la bancada del PAN- y durarán en su cargo 15 años. En 90 días deberán estar listas las leyes reglamentarias correspondientes.
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El punto medular de la reforma es la incorporación de faltas administrativas graves en el desempeño del ejercicio público, ya que si bien éstas surgen de las investigaciones de la ASE su resolución será competencia exclusiva de la sala especializada. La auditoría investiga, la sala sanciona.
La iniciativa aprobada establece que la sala:
“resolverá de manera colegiada y ejercerá la competencia en materia de faltas administrativas graves y de las responsabilidades que se deriven de los daños y perjuicios en contra de las haciendas públicas estatal o municipales, así como sobre el patrimonio de los entes públicos de conformidad con la legislación correspondiente”.
La ASE cuenta desde hace tiempo con la facultad para solicitar información y revisar puntos específicos de la aplicación de recursos de ejercicios fiscales pasados -sin que eso signifique revisar toda la cuenta pública- a fin de fortalecer una investigación “cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto fiscalizado comprenda diversos ejercicios fiscales para su ejecución o pago”.
Es justo aquí donde los morenogalistas están en la tablita, ya que las investigaciones realizadas por el actual gobierno del estado han encontrado un sinnúmero de faltas graves en la contratación de Proyectos de Prestación de Servicios y Asociaciones Público-Privadas con los que se financiaron obras como el Centro Integral de Servicios, las plataformas Audi, el Teleférico o el Museo Internacional del Barroco.
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Hay, además, faltas graves en las concesiones de la Red Urbana de Transporte Articulado, cuyo contrato lleva en estricto sentido a la quiebra financiera técnica del gobierno del estado. El Tren Turístico es un fracaso de su planeación y puesta en marcha, con un costo de mil 500 pesos por usuario.
También existen casos graves en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, en el que se hallaron pagos indebidos por escuelas no realizadas. Incluso, este organismo se metió en la concepción y financiamiento del tren turístico, lo cual está fuera de su competencia.
Y, bueno, este tema también nos lleva a la investigación que se sigue contra el exrector Alfonso Esparza Ortiz.
Sin embargo, un dato adicional que confirma que estamos frente a la imposición de los santos óleos para los morenogalistas es que las acciones de la nueva ASE y la Sala Especializada son independientes a los procesos penales y carpetas de investigación que están en marcha.
Los pillos del pasado reciente podrán saltar la vía penal, pero difícilmente la administrativa.
En otras palabras: en un caso extremo, a lo mejor estos vivales se salvan de la cárcel, pero deberán restituir íntegramente todo el dinero que se robaron y, entonces, adiós a sus fortunas y enriquecimiento ilícito.
Por donde se muevan, los morenogalistas han quedado atrapados.
Solo es cuestión de tiempo.
Por Ignacio Juárez Galindo / @ignacio_angel
