Cuando se debate sobre la libertad de expresión existe un pensamiento generalizado de que es un asunto ligado a contender a los agentes responsables de violación -principalmente las autoridades- en contra de los reporteros y defensores de los derechos humanos.
Sin embargo, muy poco se ha dicho o discutido sobre ese derecho que tienen las propias autoridades y actores del poder. Es, sin duda, un tema polémico y azaroso por todas las variables que existe alrededor. ¿Hasta dónde una persona que detenta un cargo público -sea por votación o designación- tiene a salvo su libertad de expresión? y ¿hasta dónde es un acto de autoridad que vulnera el derecho de otros precisamente porque se usa dicha investidura a su favor para la persecución de los enemigos?
Pese a lo complicado, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta decidió tomar al toro por los cuernos y ahondar en el tema al rechazar la recomendación 75/2021, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la cual “determinó acreditada la responsabilidad del gobernador del estado de Puebla por la violación de los derechos humanos a la seguridad jurídica, la legalidad, la imagen pública y al principio de presunción de inocencia” en contra del morenovallista Jorge Aguilar Chedraui, exsecretario de Salud estatal y expresidente del Congreso del estado.
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El exfuncionario -quien viene de perder estrepitosamente en la capital poblana en la elección de dirigente estatal del PAN y es el responsable de convencer a la aspirante a la reelección Genoveva Huerta Villegas de llevar a cano la fallida impugnación de la misma- fue el encargado de promocionar públicamente la resolución en un intento desesperado por dar una muestra de fortaleza política.
La resolución de la CNDH coincidió con la elección interna panista. Allí, Aguilar Chedraui sufrió el peor descalabro de su historia política que prácticamente lo dejó como un cadáver político en Puebla. (El morenovallista era el responsable de la movilización en la capital, pero lo hizo a distancia ya que no ha pisado un pie en la entidad desde hace un buen tiempo).
No se sabe si la difusión de la resolución fue motivada por el descalabro o estaba dentro de su estrategia, pero su acción dejó en claro una cosa: está desesperado.
Más allá de este accidente, lo que Aguilar Chedraui no incluyó en la variables fue que el gobernador de Puebla no solo rechazó la recomendación de la CNDH, sino que aportó en su contestación oficial, elementos riquísimos de análisis sobre un tema poco discutido y hasta vedado en la esfera pública.
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La respuesta enviada no tiene desperdicio, pues devela una actuación parcial, ilegal, sin motivo ni fundamento por parte del organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra.
Hay cosas muy interesante que no están en el escrito, pero que se desprenden del mismo: la CNDH se asumió como un juzgado civil para discutir un supuesto daño moral, que tomó el peor caso para intervenir contra un gobernador de Morena ante una serie de acciones cuyo fondo representa precisamente todo aquello que la 4T combate: corrupción, saqueo, impunidad, desfalco, entre otras muchas; que hay más ideología que análisis jurídico y que el activismo apremia por encima del Estado de derecho.
La respuesta de Miguel Barbosa fue un rechazo fundado y motivado en contra de la “recomendación”, pero también un acto de dignidad ante irónicamente lo que puede considerarse un exceso por parte de la comisión encargada de proteger las garantías individuales. (¿Las autoridades no las tienen?).
En un amplio y nutrido argumento, el mandatario poblano desglosa cómo la CNDH tomó una queja que no es de su competencia, que no analizó las pruebas presentadas debido a que nunca se pronunció contra Aguilar Chedraui directamente, que no se comprueba que exista un acto de autoridad al momento de emitir las declaraciones, sino que forma parte de la libertad de expresión que también tiene como autoridad y que incluso hay una jurisprudencia de la Corte emitida a favor de Andrés Manuel López Obrador, lo que significa que el organismo desconoce el triunfo del presidente de la República para no tener cortapisas para fijar sus opiniones política o prefiere incurrir en la violación de la ley para encontrar responsable a un mandatario.
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Lo más bochornoso: a sabiendas o no, la CNDH dio un recurso a Aguilar Credraui para hacerle frente a la autoridad que lo tiene en la mira por sospechas de corrupción. Si es o no culpable eso lo determinarán los tribunales. ¿Hay respeto a la presunción de inocencia? Sí, porque los materiales o pruebas presentadas no señalan directamente al exfuncionario ni existe una campaña directa en su contra.
Es más, el nombre de Aguilar Chedraiu surge porque los medios de comunicación lo escriben, lo cual también es un ejercicio de la libertad de expresión y tampoco representa una violación de su presunción de inocencia (¿ahora también debemos cuidarnos como reporteros de escribir sobre corrupción?).
Tras leer a detalle la respuesta del mandatario estatal -que es una auténtica cátedra de derecho para el organismo- no hay duda de que la CNDH ignora que al sujeto, a quien dirige la “recomendación”, es un hombre que conoce la ley y sus alcances, pero indirectamente es un tema que beneficia al ejercicio periodístico y la lucha por señalar puntualmente las atrocidades cometidas por cualquier funcionario.
Al final, también quedan preguntas vitales: ¿cómo hacer a un lado la visión que tenemos de que la autoridad debe ser encadenada, amordaza y sometida debido a que como país sabemos lo que significa una política criminal como la del régimen priista? ¿Cómo debatir un tema en que las autoridades también tienen voz y voto a pesar de que es una lucha ciudadana para fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia y los candados para evitar los excesos?
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No es una discusión fácil, pero Miguel Barbosa decidió subirse a la palestra público-jurídica a fin de enriquecer el diálogo.
Bienvenida esa discusión.
(PD: Si usted pretende incluir en esta discusión el patético reportaje de Proceso en contra del gobernador, déjeme decirle algo: necesita estar mejor informado)
Por Ignacio Juárez Galindo / @ignacio_angel
