El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quiere que se conozcan los detalles de la acusación del general Salvador Cienfuegos, quien a mediados de noviembre regresó a México desde Estados Unidos después de que ese país le retirara los cargos de narcotráfico y lavado de dinero, solo un mes después de ser detenido en Los Ángeles.
Según las respuestas a solicitudes de información sobre el caso hechas por varios medios, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declararon la información relativa a esa investigación como reservada por cinco años para no poner en riesgo el caso ni las relaciones con Estados Unidos en materia de seguridad.
“La razón fundamental para la clasificación, según ambas instituciones, es que el general se encuentra sometido a un proceso de investigación por parte del Ministerio Público, tal y como le fue comunicado al propio Cienfuegos al ser puesto en libertad, y que tampoco se desea poner en riesgo la relación con Estados Unidos”, señala Animal Político, uno de los medios a los que le fueron denegados los detalles del caso.
Entre los documentos que habían solicitado están las notas diplomáticas enviadas por el Gobierno de López Obrador tras la detención de quien fuera secretario de Defensa de Enrique Peña Nieto para quejarse por su arresto y la falta de información al respecto, o las más de 700 páginas del expediente contra el general presentado ante la justicia estadounidense.
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Desde su detención el 15 de octubre en California, el Gobierno de López Obrador insistió en que el caso debía trasladarse a México, por ser el país donde supuestamente se produjeron los delitos por los que le acusaban: tres cargos de narcotráfico y uno de lavado de dinero. Inicialmente las autoridades estadounidenses descartaron hacerlo porque consideraban que existía un “altísimo riesgo de fuga”. Pero, en un gesto inédito, el 17 de noviembre el Departamento de Justicia de EE UU y la Fiscalía mexicana informaron que le habían pedido a la jueza desestimar el caso para que pudiera ser investigado con las leyes mexicanas.
La Fiscalía estadounidense justificó su decisión por “sensibles e importantes consideraciones de política exterior que pesan más que el interés del Gobierno en perseguir el juicio contra el acusado”.
Dos días después, el 19 de octubre, el general Cienfuegos regresó a México.
Tras ser informado de que había una investigación en su contra y dar sus datos de contacto, fue puesto en libertad. Desde su detención en territorio estadounidense, quien fuera secretario de Defensa de Peña Nieto entre 2012 y 2018 se declaró inocente de los cargos de conspiración para traficar heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas y de lavado de dinero derivado de estas operaciones ilícitas.
Washington proporcionó entonces a las autoridades mexicanas las pruebas del caso y se comprometieron a cooperar en las pesquisas locales, mientras que la Fiscalía mexicana informó de la apertura de “su propia investigación” y dijo que las pruebas enviadas por EE UU eran “sólidas”.
Según informó Animal Político, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció haber recibido la acusación contra Cienfuegos en un sobre cerrado antes de trasladarlo a la Fiscalía, que determinó la clasificación de los documentos para no afectar a la investigación ni facilitar la destrucción de pruebas. Por su parte, la SRE justificó su negativa a entregar los detalles de las notas diplomáticas enviadas por el Gobierno de López Obrador porque “podría afectar el funcionamiento adecuado del andamiaje institucional” en la cooperación con EE UU en materia de seguridad.
Por @MTPNoticias
Crédito: El País
