Desde hace algunas semanas, la posibilidad de una consulta pública para enjuiciar a los expresidentes de México está cobrando fuerza y va que vuela para ser una realidad en el futuro cercano. La iniciativa —promovida desde la mañanera de AMLO— plantea que caras conocidas, como Peña Nieto, Calderón, Fox o Salinas de Gortari, por fin enfrenten las acusaciones de corrupción que acapararon sus sexenios.
Suena bien, ¿no?
La cosa es que la consulta puede enfrentarse a varios enredos legales que compliquen o incluso impidan su implementación.
Una consulta para enjuiciar a los expresidentes es una iniciativa sui géneris en la historia de la política mexicana. A grandes rasgos, se espera que millones de personas voten —a favor o en contra— de que la Fiscalía General de la República (FGR) haga su chamba e investigue los presuntos delitos cometidos por los mandatarios nacionales.
Sin embargo, en nuestro país nunca hemos visto algo por el estilo… y por ende hay muchísimos enredos jurídicos que pueden terminar frenándola o declarándola inconstitucional. Estos son algunos puntos importantes que tenemos que ir tomando en cuenta:
¿Quién va a poner en marcha la consulta?
De acuerdo con la Ley Federal de Consulta Popular, solo tres grupos pueden echar a andar un ejercicio democrático de este estilo:
El presidente personalmente.
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El 33% de la Cámara de Senadores o la misma proporción de la Cámara de Diputados.
El equivalente al 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
¿Quién está poniendo en marcha la consulta para enjuiciar a los expresidentes? Hasta el momento… nadie.
Cuando anunció sus intenciones, López Obrador comentó que todavía ningún poder político estaba promoviendo la votación.
Eso sí, señaló que, aunque él votaría en contra, preferiría que lo impulsaran los ciudadanos. “Lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos. Si no alcanza el tiempo, la segunda posibilidad es que lo hagan legisladores y la tercera es que lo solicite el presidente. Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo porque es democracia”, comentó.
Hay plazos… y son muy cortos
Sí, bendita burocracia. También impacta a temas tan valiosos como el interés nacional.
Resulta que —bajo los términos de la misma Ley Federal de Consulta Popular— solo hay 15 días del año para impulsar una votación de este estilo. La ventana se abre el 1º de septiembre y se cierra el 15 de septiembre.
Si en esos días no se metió la iniciativa de una consulta: lástima, Margarito. Nos quedaremos con las ganas.
¿Luego? La Suprema Corte tiene que decidir lo más importante
Una vez que pasamos los primeros dos pasos —o sea, que la solicitud de consulta llegó en tiempo y forma—, es momento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida lo más canijo de todo el proceso: su legalidad.
Es obligación de la Suprema Corte decidir si la consulta para enjuiciar presidentes es constitucional o no.
¿Un punto donde la consulta para enjuiciar presidentes puede atorarse? El Artículo 35 de la Constitución dice textual: “No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos”. En ese tenor, algunos especialistas —como Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE— argumentan que la iniciativa de AMLO estaría violando la presunción de inocencia o violentando el debido proceso.
Pero bueno… eso lo decidirá la Suprema Corte.
Si le dan luz verde a la consulta para juzgar expresidentes, los ministros también tienen la obligación de decidir la pregunta que aparecerá en la boleta. Esa tiene tres sencillas reglas:
No sea tendenciosa ni contenga juicios de valor.
Que emplee lenguaje neutro, sencillo y comprensible.
Que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo.
Interesante, ¿no?
Y si todo pasa, ¿cuándo se realizaría la consulta?
Ahí viene un enredo más: la fecha en la que haríamos la consulta. En este asunto hay de dos sopas y ambas tienen barreras interesantes.
La primera es que se realice el 6 de junio de 2021, el mismo día de las elecciones intermedias a nivel federal. Aunque suena cómodo —ya están las mesas instaladas y la gente tiene planeado asistir—, resulta complicado porque una consulta paralela a las votaciones puede generar confusión, grilla interminable e incluso violentar principios de certeza en los comicios.
La otra opción es que se realice el primer domingo de agosto, como lo dicta la Constitución en el Artículo 35. ¿Esa qué tiene de complicado? Pues lo extraño acá es realizar una consulta nacional a unos meses de la elección: los millonarios costos extra que puede generar y la poca participación.
En fin, aunque todavía no es una certeza, eso es todo lo que tenemos que ir tomando en cuenta antes de aventarnos a esta consulta que sería emblemática para la historia política de México.
Crédito: Sopitas
Por: @MTPNoticias
