Asistir de manera cotidiana a citas de rehabilitación física y sufragar los gastos de tratamientos psiquiátricos para sobrellevar el trauma son algunas de las actividades que han transformado la vida de cientos de víctimas tras el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México.
A un año de la tragedia que cobró la vida de 26 personas y dejó cientos de lesionados y familias resquebrajadas, un grupo de afectados sigue a la espera de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realice dictámenes periciales para determinar el costo de su rehabilitación y la reparación del daño que les corresponde.
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Sin dictámenes que indiquen las lesiones específicas de cada persona, los acuerdos reparatorios que decenas de víctimas han firmado con el gobierno de la ciudad son un engaño pues no garantizan la cobertura médica ni permiten participar del proceso judicial iniciado contra los responsables del accidente, denuncian las 12 víctimas representadas por el despacho jurídico Bearr.
“¿Por qué no se acercan con nosotros para saber por qué no hemos firmado los acuerdos? En mi caso es porque no han reclasificado mi lesión. Tengo documentos amparados por un médico donde me dice que no puedo cargar más de 5 kilos, que no puedo subir escaleras, que no puedo agacharme… mi vida cambió”, reprocha Nancy Ramírez, una de las víctimas, de 44 años.
Tras la caída del tren, Nancy sufrió dos fracturas de cadera y un esguince cervical que con el paso de los meses derivaron también en daño a la columna. Pero sus heridas fueron valoradas por el gobierno como lesiones medianas, solucionables en un plazo máximo de 6 semanas a partir del día de los hechos.
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Un año después del accidente, Nancy y su madre, Ana Álvarez, exigen la reclasificación oficial de sus lesiones porque un nuevo peritaje, firmado por la directora de la jurisdicción de salud de Tláhuac, advierte que las lesiones dejarán secuelas de por vida que no le permitirán regresar a trabajar.
“Lo único que yo pido es que, por favor, se dignen a darle ese documento a Nancy. Ya llevamos un año, ¿qué más esperan?, ¿qué más peritajes esperan? La están viendo: ella no puede hacer su vida normal. No se quién dio ese diagnóstico tan descabellado de que una persona con dos fracturas de cadera iba a poder tener una vida normal”, cuestiona en entrevista Ana Álvarez, madre de Nancy.
Sin la reclasificación de sus lesiones, el tiempo y tipo de cobertura médica al que Nancy Ramírez tiene acceso se ve limitado.
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Carencias en los acuerdos reparatorios para las víctimas de la Línea 12
Teófilo Benítez, representante legal de 12 heridos y sus familiares, explica que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CDMX (Ceavi) debió elaborar los acuerdos reparatorios con base en 5 peritajes individuales que nunca fueron realizados por la FGJCDMX: dictámenes en medicina forense o legal, psicología, trabajo social, antropología y matemática actuarial para estimar la reparación del daño.
Estos estudios se realizaron de forma independiente por el despacho jurídico que representa a 12 víctimas, pero no han sido valorados por las autoridades judiciales porque las audiencias programadas se ha aplazado en cuatro ocasiones por fallas de la Fiscalía capitalina.
“¿Por qué la Fiscalía y el Ministerio Público sí pueden diferir una audiencia porque no han entregado copias, pero no pueden diferirla porque las lesiones de los afectados no se han actualizado? Esa es la cuestión. Eso es lo que a mí hasta hoy no me da la seguridad de que realmente la justicia sea para nosotros, sino que la están poniendo a favor de la empresas”, comenta Nancy Ramírez.
La FGJCDMX determinó imputar como responsables a 8 personas y 2 representantes de empresas por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos.
El tipo de delitos señalados por la fiscalía permitió que la empresa CICSA, constructora propiedad de Carlos Slim, pudiera ofrecer un acuerdo reparatorio a las víctimas y evitar así un juicio.
“La naturaleza culposa de estos hechos permite que las personas involucradas puedan acceder a soluciones alternas para concluir el proceso, por ello, reconocemos la voluntad expresa de CICSA para atender los daños provocados a la víctimas, así como la disposición de la mayoría de las personas involucradas por aceptar el acuerdo que con voluntad de todas las partes abrevió la resolución de un juicio largo y desgastante que finalmente desembocaría en ordenar la desaparición del daño”, explicó Ernestina Godoy Ramos, fiscal capitalina, a través de un mensaje público.
Sergio Santiago de 39 años, otro de los lesionados el 3 de mayo de 2021, denuncia que se quedó sin “enlace” con el gobierno luego de que la persona asignada para dar seguimiento a sus tratamientos médicos renunció al trabajo y no tuvo el tacto de notificárselo.
Ha seguido asistiendo a sus sesiones de rehabilitación magnética, pero cada vez tiene que esforzarse más para que las autoridades reconozcan su derecho a recibir atención médica.
“¿Yo por qué tendría que pedir una reparación?, ¿yo por qué tendría que estar buscando a la Fiscalía?, ¿yo por qué tendría que estar al pendiente de lo que ellos deben brindarnos? Yo no tiré el Metro. El gobierno debe decir de qué manera nos afectó, no tenemos que estar pidiendo por algo que nosotros no hicimos. Nos han tratado como si nosotros hubiéramos tirado el Metro”, comentó Sergio.
Las personas que no podrán volver a trabajar o que han visto frustradas sus metas a futuro como consecuencia de las lesiones físicas que les dejó el aparatoso desplome del Metro exigen al menos que las autoridades se les acerquen para facilitar los trámites necesarios para su rehabilitación.
“Es un poco molesto porque en vez de que las autoridades vengan hacia nosotros como víctimas, nosotros tenemos que ir hacia ellas. Hay muchos desplantes porque para los apoyos sí tiene uno que andar atrás, mendigando las cosas como migajas. Y las cosas no son así, porque uno no propició esto, al contrario, deben ser empáticos con la víctimas”, pidió la señora Ana Álvarez.
A un año de la tragedia que causó la muerte de 26 personas y un centenar de lesionados, las 12 víctimas que representa el despacho Bearr no sólo exigen atención médica justa y recursos que solventen los gastos de su rehabilitación, también han denunciado intentos de las autoridades para forzarlos a firmar acuerdos, sin la presencia de sus abogados, que eximen a las autoridades y empresas responsables de la construcción de la línea 12 del Metro de ser llevados ante la justicia.
Crédito: Radio Fórmula
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