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Un frente de asociaciones ciudadanas interpusieron una demanda en contra del gobierno de Donald Trump, para impedir que sigan regresando a México a migrantes que solicitaron asilo, al considerar que violenta sus derechos, y pone en riesgo la seguridad de personas que vienen huyendo de contextos de violencia.
Tres organizaciones civiles estadounidenses interpusieron la demanda ante una corte federal con sede en San Francisco, California, en representación de 11 ciudadanos extranjeros que fueron obligados de regresar a México mientras se desahoga su proceso de solicitud de asilo.
Judy Rabinovitz, subdirectora del proyecto de apoyo a inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), manifestó, en un comunicado, que la administración de Trump está violando sus propias leyes, con el objetivo de disuadir la llegada de nuevos solicitantes de asilo a la frontera sur de su país.
"This misguided policy deprives vulnerable individuals of humanitarian protections that have been on the books for decades and puts their lives in jeopardy." — SPLC's Melissa Crow https://t.co/f1rGhER7K7https://t.co/rWCToyHEqQ
— Southern Poverty Law Center (@splcenter) February 15, 2019
A finales de enero la administración de Donald Trump puso en marcha el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), ante lo que consideran una “crisis de migración ilegal que encara Estados Unidos en su frontera sur”.
“A lo largo de los últimos cinco años, autoridades estadounidenses han visto un incremento de 2 mil por ciento de solicitudes de asilo, ya que muchos potenciales migrantes saben que solicitar asilo les da una oportunidad de permanecer en los Estados Unidos, incluso si no tienen un argumento válido para el asilo”.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que la mayoría de los argumentos no cumplen con los requisitos necesarios. “De hecho, nueve de cada diez solicitudes de asilo son rechazadas por un juez migratorio por no cumplir con los requisitos”, manifestaron en un comunicado.
Para Melissa Crow, abogada del Southern Poverty Law Center, la aplicación de estas medidas va más allá del tema migratorio, y se convierte en un asunto de respeto a las leyes.
“Esto ya no solo es una guerra en contra de los solicitantes de asilo, es un guerra en contra de nuestro sistema legal”.Melissa Crow.
La demanda refiere a violaciones a las leyes de inmigración y nacionalidad, y de Procedimientos Administrativos, así como tratados internacionales de protección a los derechos humanos.
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Crédito: HuffPost México
