En lo que va de la administración de Alejandro Armenta, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno acumula dos mil 45 quejas contra funcionarios.
Información obtenida por MTP Noticias revela que, aunque se reporta una mejoría en el comportamiento de los servidores públicos estatales, continúan las conductas de presunta corrupción que han derivado en investigaciones.
De acuerdo con los datos disponibles hasta el pasado 12 de junio de 2026, la dependencia había concluido mil dos expedientes relacionados con denuncias y quejas presentadas contra trabajadores del aparato gubernamental.
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Del total de asuntos resueltos, 138 correspondieron a faltas administrativas no graves, mientras que 10 quedaron catalogadas como “faltas graves”.
Además, se identificaron tres casos en los que coexistieron ambos tipos de conductas dentro del mismo procedimiento.
La información también muestra que existe una limitación en cuanto a la difusión de detalles específicos sobre las investigaciones, ya que no se pueden revelar los cargos ni las dependencias de los funcionarios involucrados debido a que varios de ellos ingresaron durante administraciones anteriores y permanecen activos en el servicio público.
Más de mil 700 expedientes contra funcionarios del Gobierno continúan bajo investigación
Los datos proporcionados indican que algunos expedientes ya quedaron canalizados en otras instancias para continuar con su revisión, entre ellos destaca uno remitido a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para el análisis correspondiente.
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Asimismo, como resultado de los procedimientos concluidos, se ha impuesto una sanción formal a un servidor público y se emitió una amonestación administrativa en otro caso.
Pese a que una parte importante de las denuncias ya fue resuelta, la carga de trabajo para la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno continúa siendo significativa.
Actualmente permanecen abiertas mil 742 carpetas de investigación relacionadas con posibles irregularidades cometidas por funcionarios estatales, las cuales siguen en proceso de análisis para determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades administrativas.
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Las cifras reflejan que los mecanismos de vigilancia y control interno mantienen una actividad constante dentro de la administración estatal, al tiempo que evidencian que las autoridades aún enfrentan el reto de atender y resolver un número considerable de señalamientos contra trabajadores del Gobierno de Puebla.
