El gobernador Miguel Barbosa Huerta envió al Congreso del Estado una iniciativa que reforma y adiciona la Constitución Política del Estado, que tiene la finalidad de corregir la actuación de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y fortalecer la fiscalización y combate a la corrupción en el estado.
Por un lado, incrementa los rangos de exigencia sobre el trabajo que realiza la ASE, al establecer desde la Constitución los supuestos para destituir al auditor Superior del Estado, un procedimiento especial de rendición de cuentas del auditor y una unidad técnica que vigile y evalúe el desempeño de la ASE.
De acuerdo con la iniciativa, el auditor podrá ser removido exclusivamente por causa grave, y mediante el procedimiento especial que determine el Congreso del Estado, para lo cual se requerirá la votación de dos terceras partes del pleno.
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Se establecen como causas graves: ausentarse de sus labores por más de un mes sin autorización, no presentar informes correspondientes, conducirse con parcialidad o por injerencia de partidos políticos y obtener una evaluación no satisfactoria.
A partir de la aprobación de dichas reformas a la Constitución, el auditor en turno deberá observar las nuevas disposiciones en su actuar.
En ese sentido, el actual titular de la ASE, Francisco Romero Serrano, será sometido a un procedimiento especial de rendición de cuentas, a partir del cual será medido su trabajo.
Sin embargo, el presidente del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes, aseguró que esta iniciativa no busca remover al auditor Superior del Estado.
A pesar de ello, la iniciativa del gobernador propone la creación de una Unidad Técnica que coadyuve con la vigilancia y evaluación sobre el desempeño del auditor, sin embargo en este caso la reforma obedece a una homologación de carácter federal.
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La Unidad Técnica, a la cual denominan Comisión de Vigilancia, será una especie de órgano fiscalizador del titular de la ASE y no sustituirá en funciones a la Comisión Inspectora de la ASE.
Los integrantes de la Unidad Técnica serán nombrados por el Congreso del Estado y su reglamento se definirá una vez que sean aprobadas las modificaciones constitucionales.
El Tribunal de Justicia Administrativa también sufrirá modificaciones
El actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla (TJAEP) también sufrirá modificaciones en su estructura, pues se propone la creación de una Sala Especializada que atienda faltas graves cometidas por servidores públicos.
La propuesta de gobernador plantea una reorganización en el Tribunal a través de la Junta de Gobierno y Administración y las Salas que se determinen por el propio pleno.
El pleno se integrará por siete magistrados, quienes durarán 15 años en el cargo y su periodo será improrrogables, será presidida por uno de los miembros nombrado por mayoría simple, por un periodo de cuatro años.
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Se propone que el presidente de la Sala Especializada integre el Sistema Estatal Anticorrupción.
Modificaciones al TJAEP van contra la Constitución federal
La iniciativa del gobernador fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales e Inspectora de la ASE para su análisis, sin embargo en una primera lectura las modificaciones al TJAEP contravendría el artículo 116 de la Constitución federal.
De acuerdo con dicho artículo en su fracción V, los tribunales de justicia administrativa de todo el país gozan de autonomía plena para determinar su organización.
La referida fracción señala lo siguiente:
“Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones”.
De acuerdo con la presidenta de la Mesa Directiva, Nora Merino Escamilla, la iniciativa sería revisada para no contravenir ningún ordenamiento de tipo local o federal.