Tras la invasión de inmobiliarias y la entrega arbitraria de permisos de construcción en la zona de Flor del Bosque, el gobernador Miguel Barbosa propone hasta 15 años de prisión contra funcionarios públicos que autoricen asentamientos irregulares en áreas naturales protegidas o de preservación ecológica.
Así lo plantea en una iniciativa que mandó al Congreso local que consiste en modificar la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla; la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable; la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y el Código Penal del Estado.
Dentro de estos ordenamientos jurídicos, se establece el concepto de “asentamiento humano irregular” como:
“Conglomerado de personas establecido para fines de vivienda, sin autorización en un área físicamente localizada de restricción natural o artificial, riesgos o de amortiguamiento, cualquiera que sea su régimen de propiedad”.
Y es que este tipo de construcciones genera incertidumbre jurídica en la tenencia de la tierra.
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Hasta 15 años de prisión a funcionarios que lo avalen
En el cambio que se propone al Código Penal, contempla reconocer como un delito la autorización por parte de funcionarios públicos que permitan asentamientos irregulares en zonas de ductos de Pemex, en zonas federales, y cerca de barrancas.
La sanción va de cuatro a 10 años de prisión, además de una multa de 180 a 500 Unidades de Medida.
Sin embargo, la pena se incrementará hasta en una mitad, es decir, de seis a 15 años de prisión, cuando el asentamiento irregular se encuentre dentro de un área natural protegida o de preservación ecológica.
Con esto se busca evitar prácticas del pasado cuando funcionarios autorizaron construcción de complejos inmobiliarios en zonas de reserva como ocurrió en Flor del Bosque.
Fue el 14 de julio de este 2022 cuando el gobierno de Puebla emitió un decreto para declarar las más de mil 500 hectáreas que conforman Flor del Bosque como Área Natural Protegida y así evitar que autoridades vuelvan a hacer negocio y otorguen a inmobiliarias permisos para construir en esta zona, como ocurrió en la administración de Antonio Gali Fayad.
Protección Civil denunciará asentamientos irregulares para evitar caso Xochimehuacán
Esta reforma establece que se prohíba cualquier entrega de permisos por parte de funcionarios estatales o municipales en asentamientos irregulares que se encuentren en “derechos de vía de infraestructura energética, comunicaciones y zonas federales”.
Esto con el fin de evitar una nueva tragedia como la ocurrida el 31 de octubre de 2021 en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, donde una “ordeña” de gas provocó la muerte de cinco personas que se encontraban viviendo en asentamientos irregulares.
La reforma a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, faculta a este organismo para “vigilar” a los Ayuntamientos para no entregar permisos en estas zonas.
En caso de detectar algún tipo de asentamiento de este tipo, Protección Civil podrá notificar y denunciar ante las autoridades correspondientes para poder desalojar a las personas además de imponer sanciones.