El Tribunal Electoral del Estado (TEEP) inició el desahogo de los aproximadamente 190 recursos de impugnación presentados contra los resultados de la elección de diputados y presidentes municipales tras el proceso electoral pasado.
Esta semana los magistrados del tribunal estatal atendieron cuatro audiencias de alegatos relacionadas con dos juicios para la protección de los derechos político electorales, relativos a la elección del presidente municipal de Ahuehuetitla.
Así como un recurso de inconformidad interpuesto por Christian Hernández Arellano, quien denunció a la edil Claudia Rivera Vivanco, por promoción personalizada tras la realización de su segundo informe de gobierno.
“En este momento del proceso electoral, este Tribunal ha entrado al estudio de las impugnaciones con motivo de los resultados electorales”, informó el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo.
En ese sentido, del magistrado refirió que con especial cuidado se estudian los expedientes remitidos por el Instituto Electoral del Estado (IEE), instancia que paulatinamente remite los190 recursos de impugnación.
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“No debe caber la menor duda de que este organismo jurisdiccional actúa en todo momento con imparcialidad e independencia, ningún litigante ni agente externo tiene influencia ni ejerce presión sobre nuestras resoluciones”, sentenció Rodríguez Perdomo.
Al concluir una sesión pública virtual de resolución de asuntos, se dio a conocer que a partir de esta semana se iniciaría con el desahogo de las inconformidades que presentaron los partidos y candidatos contra los resultados electorales.
Por ello los magistrados se comprometieron a resolver con imparcialidad todos los asuntos y con base en los documentos que integran los expedientes.
Asimismo, hicieron un llamado a las partes en conflicto a que aporten los elementos mínimos parte analizar los asuntos, pero sobre todo que los litigantes se conduzcan con ética y profesionalismo en esta etapa del desahogo de las impugnaciones.
Los magistrados deberán resolver en su totalidad los asuntos en un plazo máximo de hasta diez días antes de la toma de posesión de las autoridades electas. En el caso de los diputados locales, tienen hasta el 5 de septiembre y en el caso de los ayuntamientos hasta el 5 de octubre.
Por Ciro Calderón / @calderonciro
