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La Cámara de Diputados nombró al poblano David Villanueva Lomelí como titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2019-2023.
Villanueva Lomelí quien actualmente es el titular de la Auditoria Superior del estado de Puebla, tendrá que dejar su cargo para cumplir con su nueva encomienda que fue aprobada por 239 votos a favor por el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Entre los aspirantes Adriana Plasencia Díaz solamente obtuvo 166 votos, Ricardo Palma Rojas uno y se registraron siete anulaciones.
Su postulación en una terna presentada en la sesión del pleno la noche del martes fue criticada por diputados federales poblanos, pero al final resultó ganador.
La diputada Inés Parra Juárez (de Morena), lamentó que Villanueva Lomelí haya sido tomado en cuenta para estar en los finalistas para el cargo debido a su cuestionada actuación al frente de la ASE.
“Utilizó a la auditoría del estado como garrote político. Votar por él es votar por un funcionario corrupto, corruptor y encubridor”, sentenció.
A pesar de su acusación y los votos en contra de los demás diputados federales poblanos de la coalición Juntos Haremos Historia, el auditor resultó ganador.
Villanueva Lomelí fue designado para el periodo 2019-2023, con la opción de ser ratificado por otros cuatro años.
Tras su nombramiento, el auditor tendrá que renunciar al cargo en Puebla, que de por sí se renovaría a finales de este año, por lo que el Congreso del estado tendrá que nombrar a un titular provisional de la ASE.
La UEC tiene como finalidad apoyar a la Comisión de Vigilancia en la evaluación de la función fiscalizadora y del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la revisión y análisis de los productos derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública, y vigilar que sus servidores públicos cumplan con el marco jurídico aplicable.
Además, contribuye al proceso de consolidación del control parlamentario del gasto público federal, aportaciones, participaciones y garantías de deuda en las entidades federativas; también, al cumplimiento de los objetivos de los programas federales, mediante la evaluación del desempeño de la fiscalización superior y con la participación activa de la sociedad civil.
Crédito: e-consulta
