Una multa de hasta un millón 924 mil pesos podrían llevarse quien contamine el medio ambiente o vierta residuos en vía pública, drenaje o áreas naturales, pues el diputado de Morena, Roberto Solis Valles propuso elevar la sanción económica en esta materia.
La iniciativa presentada este jueves ante el pleno del Congreso del Estado, se enfoca en una reforma al artículo 198 del Código Penal del Estado de Puebla que actualmente sanciona con una pena de dos a diez años a quienes contaminen el medio ambiente y puedan afectar la salud de los poblanos.
La multa económica establecida en dicho artículo actualmente es de 30 a 2 mil UMAS, por lo que la reforma del diputado morenista se enfoca en elevar la máxima hasta 20 mil veces, lo que implicaría una sanción de un millón 924 mil 400 pesos.
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Además, se agrega un párrafo para tipificar como delito, el vertir residuos de cualquier tipo en vías públicas, lotes baldíos, barrancas, cañadas, drenaje, cableado eléctrico o telefónico, instalaciones de gas, cuerpos de agua, áreas naturales protegidas, áreas privadas de conservación o lugares no autorizados.
La multa aplicaría para quienes ejecuten obras o actividades sin obtener los permisos correspondientes de impacto y riesgo ambiental, así como quienes planten especímenes que estén enfermos y éstos puedan ocasionar un deterioro ambiental o un daño a la salud pública.
En el caso de que el agravante no pudiera hacer una reparación el daño, debe hacer las medidas compensatorias correspondientes, a fin de que reponga el espacio afectado o contaminando, así como costear las acciones de limpieza.
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Hasta 5 años de cárcel a servidores públicos cómplices
La iniciativa también implica elevar la sanción penal para los servidores públicos que autoricen este tipo de descargas o emisiones de contaminación al medio ambiente, por lo que de uno a tres años, se elevaría a tres y hasta 5 años años de cárcel, además de que será inhabilitado como servidor público el tiempo que sea sentenciado.
Además el legislador de Morena propone elevar la máxima de la multa económica al servidor público que incurra en esta falta, con lo que la mínima quedaría en cien y la máxima pasaría de 350 a 20 mil días de salario mínimo.