“Desde Puebla, manifiesto mi rechazo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, fue parte del mensaje que emitió el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes la noche de este 8 de mayo, luego de que nueve de 11 ministros votaran a favor de anular la primera parte del ‘Plan B’ de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un tuit que emitió, consideró que los ministros no están por encima de los representantes populares del pueblo, en este caso, de los legisladores, tanto diputados federales como senadores que avalaron esta ley en diciembre de 2022, en medio de acusciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición.
Entre algunos puntos polémicos avalados en esta reforma constitucional están la reducción de estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE), compactar estructuras de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), además que consejeros y magistrados no ganarán más que el titular del Ejecutivo Federal.
El ministro ponente de esta resolución, Alberto Pérez Dayán, presentó su proyecto en el que argumentó que en la aprobación de la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se violaron los artículos 71 y 72 de la Constitución Mexicana, razón por la que propuso anular la primera parte.
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Sergio Salomón y otros morenistas rechazan la resolución de la SCJN de invalidar el Plan B
Al igual que el gobernador Sergio Salomón Céspedes, otros morenistas también se inconformaron con los ministros como el senador Alejandro Armenta Mier, quien alegó que los legisladores tienen el deber de defender los intereses de los mexicanos no de unos cuantos privilegiados.
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El coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco también reacción y acusó a los magistrados de haberse convertido en activistas políticos con este actuar. Además, los acusó de haber violentado la democracia cuando ellos presumen que la defienden.
En su momento, Morena y sus aliados en el Congreso PT y Partido Verde aprobaron las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que, se analiza en el proyecto del ministro, violó los artículos 71 y 72 de la Constitución Mexicana.
La impugnación de dichos artículos las interpusieron políticos de la oposición, quienes han salido a marchar en defensa del INE.
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