La LX Legislatura estatal concluyó los trabajos del tercer y último periodo ordinario de sesiones con la aprobación de diferentes iniciativas, entre las cuales destaca la enviada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta para reorientar el gasto de los testigos sociales de obra pública hacia el combate a la pobreza en las regiones.
De manera presencial y con estrictas medidas sanitarias, los diputados locales desahogaron los últimos asuntos ante el Pleno, no sin antes brindar mensajes de despedida desde la tribuna legislativa.
Y es que prácticamente los actuales diputados locales ya no volverán a reunirse en Pleno, toda vez que fue cancelada la posibilidad, por el momento, de convocar a un periodo extraordinario de sesiones por no haber asuntos relevantes a tratar.
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La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la diputada Nora Merino Escamilla explicó que no está la agenda de los próximos días el convocar nuevamente a los diputados.
“No tenemos prevista una sesión extraordinaria no puedo negarlo de manera categórica pero tampoco es parte de la agenda, no es parte de lo que se tiene planeado como junta de gobierno, tenemos planeado el día de hoy cerrar las sesiones”, dijo.
A partir de este 16 de julio, la Comisión Permanente se encargará de dar trámite a los asuntos que lleguen al Congreso del Estado, en caso de urgencia podrá convocar a los diputados a periodo extraordinario.
Los diputados tomarán un periodo vacacional del 1 al 15 de agosto, pero regresarán para preparar el proceso de entrega-recepción con la legislatura entrante. Los nuevos diputados locales tomarán protesta el 15 de septiembre en Sesión Solemne.
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Se elimina la figura de testigos sociales a propuesta del Ejecutivo
A propuesta del Ejecutivo estatal, el Congreso del Estado eliminó la figura de testigos sociales en los procesos de licitación pública, toda vez que su contratación representaba un gasto para el erario.
La figura de testigo social es un mecanismo de participación ciudadana en las contrataciones públicas, de esta manera se garantiza que el procedimiento de licitación sea de manera transparente.
Dicha figura representa el pago de una contraprestación que sería cubierta con recursos estatales, mismos que a decir el gobernador se dirigirán hacia el combate al rezago social y pobreza de las regiones.
La iniciativa aprobada deroga el artículo 16Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y el artículo 42 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados.
Por Cirilo Calderón / @calderonciro
