Diputados de la Comisión de Gobernación del Congreso de Puebla aprobaron la creación de la Universidad de las Fuerzas Policiales, una propuesta del gobernador Alejandro Armenta para profesionalizar a las corporaciones municipales y del estado.
El proyecto de decreto lo avalaron por unanimidad en la comisión de este 4 de marzo de 2025, por lo que se votará en la próxima sesión del pleno del jueves 5 de marzo.
La nueva universidad será una institución educativa de nivel superior, con “enfoque de derechos humanos, diversidad, accesibilidad e inclusión” y sustituye a la Dirección de la Academia Estatal de Seguridad Publica de Puebla.
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Por lo anterior, tendrá a su disposición los recursos de la academia ‘General Ignacio Zaragoza’, ubicada en la junta auxiliar de Chachapa, perteneciente al municipio de Amozoc.
El plantel estará a cargo de “formar, actualizar, especializar, profesionalizar y capacitar” a los elementos policiales de los municipios y del estado.
Avanza creación de Universidad de las Fuerzas Policiales: está sera su estructura
La nueva universidad tendrá una Rectoría y un Consejo Directivo, integrado por el gobernador Alejandro Armenta y distintos funcionarios de la administración estatal.
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El Consejo será presidido por el titular del Poder Ejecutivo, mientras que habrá una presidencia ejecutivo a cargo del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el vicealmirante Francisco Sánchez.
Como vocales, estarán los titulares de las secretarías de Gobernación, Educación, así como la de Planeación, Finanzas y Administración. También entrará el presidente del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La propuesta del gobernador para ocupar la Rectoría es Silvia Victoria Serrano, quien docente en la Escuela Militar de Sargentos.
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Los requisitos para el cargo, aprobados por el Congreso, es tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno ejercicio de derechos.
La edad mínima es de 30 años, tener una maestría o especialidad en disciplinas afines a la seguridad y experiencia mínima de cinco años en cargos relacionados a seguridad pública o enseñanza de áreas afines.
