La legisladora del PT, Nora Merino Escamilla presentó una iniciativa ante el pleno del Congreso del Estado de Puebla para prohibir la discriminación a personas discapacitadas para llevar a cabo algún trámite fiscal, pues explicó que aunque tengan una complicación motriz, aún tienen capacidad intelectual.
La diputada local explicó que esta iniciativa surge de un caso que se presentó en el estado de Jalisco, en donde a un joven le negaron llevar a cabo su trámite para obtener su firma electrónica ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Por ello se busca que ninguna instancia de gobierno le niegue la posibilidad de llevar un trámite a ninguna persona, más allá de sí tiene una condición de discapacidad física, pues con esta situación se vulneran sus derechos humanos.
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“Esta iniciativa surge de un caso en Jalisco, en donde a un joven que tiene discapacidad motriz pero no intelectual, le fue negado el trámite de la firma electrónica del SAT, no tenía discapacidad mental y al verlo físicamente se le negó, por tanto buscamos establecer que esa discriminación de negar derechos a cualquier persona se erradique”, explicó la diputada del PT.
Ademas de obligar a las autoridades a reconocer su capacidad jurídica.
Es fundamental saber la diferencia entre discapacidad motriz y discapacidad intelectual, la cual no tiene nada que ver con alguna deficiencia en el ejercicio de la personalidad jurídica. 3/4 pic.twitter.com/Y5EKL2Czhz— Nora Escamilla (@NoraMEscamilla) July 7, 2022
La iniciativa va enfocada en reformar una fracción del artículo 4 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del estado de Puebla, a fin de que no se le niega cualquier prestación de servicios financieros a personas por su condición física o mental.
También se prohíbe difundir sin su consentimiento información sensible sobre sus antecedentes de salud física o mental, además de que no se permitirá la estigmatización de personas con problemas de salud o mentales.
Merino Escamilla agregó que el parámetro para esta propuesta es que la persona interesada en hacer algún trámite fiscal pueda acreditar que en uso de sus facultades mentales, más allá de si tiene alguna complicación motriz, tiene la capacidad para razonar y solicitar un proceso administrativo fiscal.
