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Cerca de 10 millones de dólares gastó el gobierno de Rafael Moreno Valle, en la adquisición de los dos helicópteros Agusta Westland adquiridos en 2011, según las facturas liberadas.
Luego de más de ocho años de reserva, el gobierno estatal liberó o entregó por la Ley de transparencia a Intolerancia Diario las facturas de los helicópteros que fueron guardados bajo llave celosamente en el sexenio de Moreno Valle.
Para la adquisición de las aeronaves Agusta se emitieron tres facturas, apenas siete meses después de que tomó posesión de gobernador Moreno Valle, emitidas entre septiembre de 2011 y mayo de 2012.
A diferencia de lo que se informó en 2012, el primer Agusta adquirido costó alrededor de 1 millón y medio de dólares menos, luego de que en aquel tiempo la Secretaría de Finanzas, señaló que el monto máximo había sido de 7.5 millones de dólares por el aparato, realmente se pagó menos de seis millones.
Los documentos fiscales fueron firmados por el entonces secretario de Seguridad Pública Estatal, Ardelio Vargas Fosado.
También existe una factura de una aeronave adquirida en marzo de 2008 en el gobierno de Mario Marín Torres, por cerca de 3 millones de dólares.
En 2012, Intolerancia Diario solicitó los costos de los helicópteros que compró el gobierno poblano. Tras una lucha de más de seis meses y contra un resolutivo, mediante un comunicado se supo que fueron dos las aeronaves adquiridas con un costo superior a los 170 millones de pesos, pero sin facturas.
A finales de ese mismo año, se solicitaron los documentos fiscales de las aeronaves, pero se negaron, ya que según el gobierno morenovallista; permitían detectar patrones de vuelo, inferir destinos y horarios frecuentes de uso.
Con ese argumento declaró como reservada dicha documentación, avalado por la entonces Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP).
Finalmente, ocho años después se liberaron por el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.
Las facturas
Al llegar a gobernar Rafael Moreno Valle, inmediatamente cambió la aeronave que utilizaba su antecesor Mario Marín Torres, helicóptero que costó 2 millones 975 mil dólares, comprado apenas tres años atrás, según consta en la factura B03281.
El primer helicóptero Agusta comprado en el nuevo sexenio, fueron pagados en una sola exhibición 5 millones 920 mil dólares, por el Augusta modelo Grand 109S.
Según la factura 1300014706 la aeronave se adquirió directamente y sin licitación a la empresa Agusta Westland en Italia, el 5 de septiembre de 2011, apenas siete meses después de que tomara el cargo de gobernador Rafael Moreno Valle.
La segunda aeronave, Agusta modelo 119 Koala, tuvo un costo total de 3 millones 650 mil dólares, lo que se pagó en dos exhibiciones según consta en las facturas 1300010504 y 1300010860.
El primer pago fue el 30 de mayo de 2012, por 650 mil dólares y la segunda por 3 millones de dólares el 1 de junio de ese mismo año.
También existe la factura de una aeronave Bell modelo 407, comprada durante el gobierno de Mario Marín Torres, por 2 millones 975 mil dólares, adquirida el 28 de marzo de 2008 y pagada a la empresa JetBrokers en Estados Unidos.
Este helicóptero, según el gobierno morenovallista, fue vendido una vez que fueron adquiridas las dos aeronaves Agusta.
Dólares más, dólares menos
En un boletín emitido en junio de 2012, el gobierno morenovallista no dio cifras concretas de las adquisiciones, sino solamente estimados de los costos.
Señaló que 7.5 millones de dólares era el costo máximo del Agusta Grand y 3.65 millones de dólares el costo máximo del Agusta Koala.
Ahora se sabe -con los documentos fiscales- que el tipo de cambio el 5 de septiembre de 2011, estaba en12.37 pesos por dólar, por lo que el primer helicóptero costó 73 millones 230 mil 400 pesos.
Para el 30 de mayo de 2012, el dólar ya estaba en 13.91 pesos, por lo que la primera factura de la aeronave fue de 8 millones 346 mil pesos.
Y finalmente el 1 de junio de 2012, el dólar había llegado a 14.30 pesos, por lo que el último pago del segundo helicóptero fue de 42 millones 900 mil pesos.
Esto quiere decir que se pagaron entonces más de 124 millones de pesos por ambas aeronaves, en montos o tipos de cambio de aquellos años.
La cerrazón
Para el gobierno de Moreno Valle, las facturas de compra de helicópteros permitían detectar patrones de vuelo, al permitir inferir destinos y horarios frecuentes de uso.
Al menos ese fue el argumento en mayo de 2013, para que la Comisión de Acceso a la Información Pública(CAIP) declarara reservados los documentos fiscales.
Fue a propuesta del entonces comisionado Federico González Magaña, quien llegó al organismo con el aval del gobernador Rafael Moreno Valle.
En su ponencia el integrante de la CAIP solo revisó al acuerdo de reserva que generó la Secretaría de Finanzas desde junio de 2011, y con esa documentación avaló la negativa del gobierno poblano a hacer pública esa documentación.
El caso de los helicópteros Agusta comenzó a mediados del 2011, cuando el gobierno del estado adquirió dos vehículos aéreos.
Inicialmente hubo resistencia, la dependencia entregó un listado que incluía cuatro helicópteros marca Bell y sus respectivos modelos, omitiendo fecha de adquisición y montos.
Pero también se ocultó la información sobre la compra de los helicópteros Agusta.
Finalmente, en junio del 2012, el gobierno estatal reconoció, mediante un boletín, la compra de los polémicos helicópteros, aunque nunca se precisó el precio pagado por las aeronaves.
El documento solo mencionaba que podrían tener un precio máximo, en conjunto, de casi 11 millones de dólares.
Tras la información vaga dada a conocer por la administración estatal poblana se solicitaron las facturas solo para encontrarse con un muro de opacidad.
Luego de que el gobierno “blindó” información de los helicópteros Agusta y negó la entrega de las facturascon la anuencia de CAIP, detonó en un escándalo a nivel nacional.
Entonces intervinieron en críticas y quejas por la opacidad, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como Articulo 19, Amedi y Fundar, entre otras.
Incluso, llegó el tema al Congreso del Estado, donde la organización Activate por Puebla pidió la comparecencia del comisionado Federico González Magaña, para explicar la situación de opacidad, lo que fue frenado por los diputados morenovallistas.
El resolutivo de González Magaña, tuvo un voto en contra de la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, ahora integrante del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
Entonces, Blanca Lilia Ibarra, en una cátedra de transparencia, dijo inconforme, en primera instancia porque una factura no podía poner en peligro la gobernabilidad del estado y tampoco la vida del gobernador, ni de los tripulantes.
A pesar de los sólidos argumentos de la comisionada, en respuesta, Federico González Magaña, sin mayores bases, sólo dijo que sostenía su proyecto de resolución, aunque ni siquiera solicitó ver las facturas, como estaba facultado.
Posteriormente, en una entrevista, señaló simplemente que no lo vio necesario.
Extracto del comunicado de Finanzas en 2012
“Es necesario contar con aeronaves que permitan auxiliar de mejor manera, en el menor tiempo posible y al mayor número de ciudadanos en caso de contingencias”.
“De igual forma, el que Puebla se siga manteniendo como un estado seguro implica tomar decisiones importantes en todos los frentes y para esto, resulta fundamental contar con equipos modernos y versátiles que nos permitan hacerle frente a la delincuencia de manera efectiva”.
Con información de intolerancia