Leobardo Rodríguez Juárez, secretario de Administración del Ayuntamiento de Puebla, fue denunciado por el delito de falsificación y/o uso de documentos falsos para favorecer en su momento a la empresa Fulle Hen SA de CV en la compra de 12 ventiladores para pacientes Covid-19, equipos que se pretendía donar a la Secretaría de Salud estatal, pero fueron rechazados en mayo pasado por resultar usados.
MTPNoticias obtuvo copia de la querella, que fue interpuesta por la Auditoría Superior del Estado (ASE) el 1 de diciembre pasado, en la que se deja al descubierto la alteración de documentos, pues a nivel federal la compañía está constituida para vender “equipos médicos”, objeto social que no le permitiría la comercialización de respiradores.
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Sin embargo, para hacer posible el contrato por 15 millones 892 mil 464 pesos, por ventiladores que no se usaron y que fueron devueltos, Fulle Hen entregó durante el proceso de licitación pública un acta constitutiva con un objeto social distinto, en el que se especifica que puede vender “equipo médico de alta especialidad”.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado de Puebla y aparte de Leobardo Rodríguez, involucra a otros dos funcionarios municipales: la directora de Recursos Materiales, Ilse Stephanie Sánchez Domínguez y la directora de Asuntos Jurídicos, Mónica Campos Rodríguez . También tiene alcance contra el gerente general de Fulle Hen, Francisco Buenaventura Morales.
La ASE detectó la alteración en el ‘objeto social’, tras verificar el instrumento público 10988 en la que está contenida la información del registro de la empresa. En estos movimientos amañados está involucrado el titular de la Correduría Pública número 4 del estado de Puebla, Rubén Alejandro Lara Limón, por la expedición del acta constitutiva.
Por ello, la ASE solicitó a la Fiscalía investigar quién es el responsable de la falsificación de documentos, si los servidores públicos o el personal de la compañía para que paguen por el delito, mismo que se castiga hasta con ocho años de prisión.
Falla tras falla
No es la primera vez que la empresa está envuelta en escándalos, en mayo provocó un conflicto entre la presidenta Claudia Rivera Vivanco y el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Pues hace siete meses, la alcaldesa ofreció en donación 12 ventiladores al gobierno, para enfrentar la contingencia sanitaria causada por el Coronavirus. El 18 de mayo en el hospital de Traumatología y Ortopedia, personal de la Secretaría de Salud revisó los respiradores, quedando al descubierto que estos presentaban humedad y se encontraban en mal estado.
La compañía mintió al vender equipos usados como si fueran nuevos, por lo que la Secretaría de Salud no aceptó los respiradores y el ayuntamiento se vio obligado a devolver los equipos además de penalizar con 1.5 millones de pesos a la empresa por incumplimiento en el contrato.
¿Quién falsificó los documentos?
Durante la celebración del contrato de adquisición FORM.3700/SECAD1821/0320, en mayo de 2020, la empresa entregó el acta constitutiva en la que especifica que su objeto social (en el inciso ‘i’) es el de:
“i) Importación y comercialización, venta de materiales y maquinaria para la construcción, herramientas ferretería, apoyo industrial, artículos de oficina, papel, computadoras, COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPO MÉDICO DE ALTA ESPECIALIDAD, insumos y materiales médicos en general, equipo de oficina, publicidad en general, servicios de albañilería, pintura, acabados, construcción, mantenimiento de maquinaria en general, mantenimiento de fosas y calderas, mantenimiento de maquinaria en general, mantenimiento de estructuras y construcciones, equipo de tecnologías como cámaras micrófono y otros medios tecnológicos avanzado, comercialización de químicos de limpieza y producto para el mantenimiento, impresión de papel y artículos promocionales”.
Dicho contenido no coincide con el objeto social con el que Fulle Hen se dio de alta ante el Registro Público de Comercio, organismo de la Secretaría de Economía, pues en el documento certificado se indica que su objeto social es:
“i) Comercialización y venta de materiales y maquinaria para la construcción, herramientas, ferretería, apoyo industrial, artículos de oficina, papel, computadoras, EQUIPOS MÉDICOS, materiales de curación, medicamentos, equipo de oficina, publicidad en general, arrendamiento, servicios de albañilería, pintura, acabados construcción, mantenimiento de maquinaria en general, mantenimiento de fosas y calderas, mantenimiento de estructuras y construcciones, equipo de tecnología como cámaras, micrófonos y otros medios de tecnología avanzada, comercialización de químicos de limpieza y productos para el mantenimiento, impresión de papel y artículos promocionales, editorial, venta de publicidad, señalización”.
Hasta 8 años de prisión por falsificación
El artículo 252 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla establece que el delito de falsificación de documentos privados se sancionará con prisión de uno a cinco años y multa de 10 a 500 días de salario. Cuando se trate de un documento público, se sancionará con prisión de dos a ocho años y multa de 200 a mil días de salario.
En tanto que el artículo 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas especifica que será responsable de utilización de información falsa, el particular que presente documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o perjudicar a persona alguna.
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Rescisión y multa
En julio, la firma Fulle Hen S.A de C.V. pagó al Ayuntamiento de Puebla una multa de 1.5 millones, tras haber entregado ventiladores usados y en malas condiciones, confirmó en esa ocasión el tesorero Municipal, Armando Morales Aparicio.
Esto luego de que en mayo pasado el gobierno municipal iniciara la rescisión del contrato, luego de que Fulle Hen vendiera 12 respiradores mecánicos oxidados, incompletos e infectados, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud.
