De acuerdo con las fuentes de consultadas, son aproximadamente 100 personas quienes tenían el beneficio de la libertad condicional, en su mayoría acusados de violencia familiar; sin embargo a partir del primero de abril las tobilleras dejaron de funcionar.
La medida pone en riesgo a las mujeres que tenían la seguridad de que los agresores no podían acercarse a ellas, a sus domicilios o centros de trabajo; ya que en ese momento no hay ninguna certeza de que la medida cautelar del juez sea obedecida por los imputados.
Además de que esto imposibilita a los jueces imponer esta medida cautelar en casos similares por la falta de funcionamiento de los equipos.
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