El gobernador Miguel Barbosa Huerta declaró que no necesita asumir el mando de la Seguridad Pública en la capital poblana para proteger a los ciudadanos, a fin de no continuar con los ‘dimes y diretes’ con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.
Así lo manifestó el mandatario en rueda de prensa, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), fijara cómo fecha el 9 de marzo para la audiencia de desahogo de pruebas dentro de la controversia constitucional presentada por el Ayuntamiento de Puebla.
“Cuando teníamos el punto más alto de delitos en la capital de Puebla, cuando había una percepción muy fuerte de inseguridad, comenzamos dialogar con la presidenta municipal y quedamos en el relevo de la secretaría de Seguridad Pública… desde el Ayuntamiento de Puebla estaban instalando un escenario político para impedirlo, solo estaban dando elementos de distracción, cuando desconoció los acuerdos la presidenta municipal, nos sorprendió y tuvimos que emitir el decreto para poder hacernos cargo de la seguridad”, refirió Barbosa Huerta.
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Bajo el argumento de la defensa de la autonomía municipal, Rivera Vivanco se negó a respetar los acuerdos a fin de mantener a Lourdes Rosales al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a pesar de que el gobierno tenía las facultades de actuar, pues nunca le fue otorgada la suspensión provisional del acto reclamado.
“Tomé la decisión de abandonar esa ruta y de seguir nosotros metiéndonos muy fuerte. No lo necesitamos, no necesitamos en los hechos ya lo hacemos… Ya no, la decisión de no meternos en esa parte formal y seguir en los dime y diretes fue puesta a un lado”, comentó Barbosa Huerta.
Cabe señalar que uno de los acuerdos por parte del gobierno estatal era colocar a Carla Morales como delegada para que existiera una mayor coordinación con el Estado y así evitar la complicidad de policías municipales con bandas delictivas.
