Alfredo Ramírez
Si bien el recurso de nulidad en la elección para gobernador promovido por Miguel Barbosa Huerta, apenas está en el terreno de las autoridades electorales locales, instituciones federales han dado señales que no hay elementos para invalidar la contienda.
El recurso de Barbosa, candidato de la coalición ‘Juntos haremos Historia’, lo tramitó ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE) el cual fue turnado el pasado 31 de julio al Tribunal Electoral del Estado (TEE).
Si el TEE desecha el recurso, la siguiente etapa es llevar la pelea legal al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Las razones para no anular la elección
a) El 1 de agosto, Héctor Díaz-Santana Castaños, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), afirmó que en el hotel M&M de Puebla, donde Morena denunció que el PAN tenía un ‘laboratorio electoral’ desde el cual la candidata al gobierno del estado Martha Érika Alonso y su esposo, el exgobernador Rafael Moreno Valle, fraguaron el presunto fraude del 1 de julio, no se encontró un laboratorio sino las actas que los representantes de partido tienen ‘derecho’ a tener.
b) El 31 de julio, el consejero del INE Ciro Murayama dio a conocer que la panista no rebasó los topes de campaña en el reciente proceso electoral. El Congreso Local aprobó una reforma para que pueda rendir protesta en el Tribunal Superior de Justicia, en caso de no haber condiciones en el Poder Legislativo.
c) En la sesión del 27 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio a conocer que los hechos violentos del 1 de julio en varias casillas no son suficientes para anular la elección. Esto en respuesta a un recurso del PRI que argumentaba violencia en la contienda para diputados federales.
Los argumentos de Barbosa
El 12 de julio presentó el recurso de inconformidad mediante el cual se solicitó la nulidad de la elección a gobernador.
Asimismo, solicitó la invalidez de la constancia de mayoría emitida por el Consejo General del IEE que declara como gobernadora electa a Martha Erika Alonso de Moreno Valle (que la panista recibió el 8 de julio).
En las demandas se solicitó, en primer término, que se lleve a cabo un recuento total de la votación recibida durante la jornada electoral, ya que el principio de certeza se ve afectado al existir discrepancias en las actas de los cómputos distritales, la diferencia tan corta entre los contendientes, así como la existencia de más votos nulos que la diferencia entre primero y segundo lugar.
Los argumentos sustentados son:
a) Rebase de gastos de tope de campaña
b) Uso inequitativo de los medios de comunicación social.
c) Violación a los principios constitucionales rectores de la elección.
Sobre la última causal de nulidad se hizo referencia a los múltiples actos de violencia durante la jornada electoral que impactaron de manera determinante al resultado de la elección de Gobernador.
Dentro de esos actos se destacó el uso indebido de recursos públicos por parte del ejecutivo estatal. Esa situación se acreditó al menos con dos hechos específicos: la detención ilegal y arbitraria de brigadistas de Morena, y el robo de material electoral con la anuencia del gobierno.
