Alfredo Ramírez
A fin de poner freno a la entrega de cinco notarías en el cierre de la administración del gobernador Antonio Gali Fayad, diputados locales de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron este viernes reformas a la Ley del Notariado de Puebla.
La iniciativa fue turnada a la sesión ordinaria del Congreso del Estado, programada para el próximo 12 de noviembre, cuyo contenido plantea reintegrar el capítulo para que en Puebla exista una notaría pública por cada 50 mil habitantes contemplados dentro de la Población Económicamente Activa.
La iniciativa fue propuesta por la legisladora del PRI Rocío García Olmedo, la cual recibió los votos a favor de los diputados de Morena Vianey García Romero, Mónica Lara Chávez, Tonantzin Fernández Díaz y José Juan Espinosa Torres, y con la abstención del panista Marcelo García Almaguer.
Se prevé que esta propuesta sea avalada el próximo lunes en el Pleno, por mayoría de votos de las fracciones del PRI y de la coalición Juntos Haremos Historia.
¿Cuál es el antecedente?
La semana anterior la Secretaría General de Gobierno (SGG) publicó la convocatoria para la entrega de patentes de cinco notarías públicas: número 3 con sede en San Juan de los Llanos, municipio de Oriental; la 8 en Huejotzingo que estará en Texmelucan; 11 y 12 en Cholula; y la 6 en Atlixco.
Con esas cinco patentes se contabilizarían 34 notarías públicas entregadas en los últimos 8 años, en el sexenio de Rafael Moreno Valle y del gobernador Antonio Gali.
¿Cuáles son las posturas de los diputados?
Además de la propuesta para que haya una notaría por cada 50 mil habitantes, de conformidad con los censos elaborados por el Inegi. También plantea un exhorto a titular del Ejecutivo, Antonio Gali, para que suspenda el proceso de asignación de patentes, en tanto no se aclaren las irregularidades en las que incurrió la Dirección General de Notariado recientemente.
La diputada García Olmedo aseguró que la misma le brinda más vitalidad a la misma, así como nuevos polos de desarrollo que se han creado a partir de las últimas administraciones, modificando el Artículo 23.
Abundó que este concepto de población económicamente activa ya existía en la Ley desde el 2009, concepto que fue retirado, sin embargo, aclaró que el cuerpo del mismo documento, continúa avalando que sea el titular del Ejecutivo el que distribuya el número de Notarías Públicas, aunque habría que ir precisando, cómo el propio gobernador debería ir generando el número de patentes que se van requiriendo y sostuvo también que no se trastoca constitucionalmente ningún otro ordenamiento.
En su intervención, el diputado Marcelo García Almaguer, coordinador del Partido Acción Nacional, consideró que la cifra de 50 mil personas económicamente activas por cada Notario Público es un porcentaje bajo en relación al total del municipio, por lo que calificó esa medida como excluyente y discriminatoria.
La diputada Vianey García Romero, integrante de Morena, dejó en claro que las 149 notarías que hoy día están en funciones, no se modifican ni tampoco se cancelan, aunque destacó que se debe hacer una revisión de estas, pues algunas de ellas, ya no están funcionando, y garantizar su regulación y la garantía de la fe pública.
El diputado José Juan Espinosa Torres, coordinador del PT, ejemplificó que los titulares de las patentes deben ser especialistas en derecho y no premiar a operadores electorales, incluso sin título de abogados, es decir, se trata de dignificar el papel de los notarios.
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